Casi 200 personas han asistido en Torrecárdenas a la mesa redonda Salud Mental y Ley que ha reunido a profesionales sanitarios, del ámbito de la justicia, la dependencia y el asociacionismo, además de a enfermos y familiares con el objetivo de buscar el modelo de atención que mejor resuelva la situación de los pacientes de Salud Mental.
El encuentro ha abordado, entre otros aspectos, los derechos de las personas con enfermedad mental, su tutela en casos de incapacitación, los aspectos legales de los tratamientos, la atención a la salud mental en prisión o el peritaje forense relacionado con los trastornos mentales.
Qué propone el enfermo Garantizar los derechos de las personas con una enfermedad grave pasa por explicar a los profesionales del sector social, sanitario y judicial que la incapacitación no es la única medida, igual que no lo es el ingreso involuntario o la ausencia de consentimiento informado a la hora de aceptar un tratamiento farmacológico. Así lo ven, por lo menos, los propios usuarios de Salud Mental, que sí están “muy a favor” de las voluntades anticipadas, de la guarda de hecho, las curatelas o las incapacitaciones, siempre que sean reversibles, es decir, por un tiempo.
El presidente de la asociación En primera persona, José Manuel Arévalo ha abogado durante su intervención por luchar para proteger los derechos de las personas con enfermedad mental. Para ello, la asociación que preside ha llegado a elaborar una guía para explicar a profesionales sanitarios y del ámbito de la justicia qué pasos dar en determinados casos. También para que los enfermos sepan cómo reclamar sus propios derechos como ciudadanos, ha dicho.
En la línea de acabar con el binomio enfermo mental grave-criminalidad, la responsable del Juzgado de lo Penal 4 de Almería, Marta Sierra López, ha aclarado que los jueces “sancionan conductas, no sancionan personas”. En su intervención ha recordado el papel del médico forense y también la importancia de no discriminar al enfermo mental, tampoco a la hora de ser juzgado por un hecho.
El fracaso del sistema Quien ha desglosado la pérdida de derechos de estos pacientes ha sido Cristina González Acién, de la Asociación El Timón. Como familiar de una persona con enfermedad mental y con la experiencia que le da su profesión y también la presidencia de la asociación, ha insistido en que los usuarios de Salud Mental son “los grandes perdedores en la Ley de Dependencia”. Para ella, que un enfermo mental acabe en prisión es un “fracaso” social y también sanitario.
El responsable de Salud Mental, el psiquiatra Domingo Díaz del Peral ha abogado por defender un modelo de atención en Salud Mental que busque la recuperación de los pacientes, que acabe con el estigma y que, de forma multidisciplinar, ofrezca una atención integral.
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