Una juez de Almería investiga una estafa en Internet con 300 afectados

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha concedido la competencia para la investigación de las actividades de una organización criminal acusada de un fraude masivo en  ventas de productos por Internet al Juzgado de Instrucción número Uno de Almería, cuya titular es la magistrada Alejandra Dodero.

El TS resuelve  así una disputa sobre la potestad de la instrucción, en la que se enfrentaban las lecturas del Juzgado de Instrucción de Almería y el Juzgado Centrales de Instrucción número Uno de la Audiencia Nacional. Curiosamente, ninguno de los dos quería asumir el mando del asunto o, más exactamente, entendían que la competencia era de otro órgano implicado.

Según el auto del Tribunal Supremo, las pesquisas afectan “a un grupo criminal organizado y estable dedicado, con reparto de roles y funciones, a la comisión de múltiples delitos de estafa por Internet ofreciendo a través de la página Segunda Mano la venta de electrodomésticos a un precio inferior al del mercado”.

Este conocido portal web es ajeno a las actividades delictivas y únicamente ofrece el soporte para los anuncios de particulares o empresas. Fue el vehículo para lanzar las ofertas de electrodomésticos low cost.

La nómina de afectados supera las 300 personas y, aunque las primeras diligencias corresponden al Juzgado de Instrucción número Uno de Almería (fechadas en junio de 2014), las denuncias se reparten entre Palma de Mallorca, Valencia, Madrid, Mérida, Guadalajara, Barcelona y Vigo.
La Policía Judicial imputó a tres personas. “Utilizando para no ser descubiertos DNI que han sido sustraídos o extraviados, y una vez abonado el importe estipulado, no se enviaba el producto en cuestión, perdiendo todo contacto con sus víctimas”, señala el auto del TS. 

Daños

Los afectados perdieron una media de 500 euros por persona, aunque se espera a los resultados de los análisis de los terminales móviles, ordenadores y dispositivos informáticos intervenidos durante la operación judicial para concretar los daños completos.

El Juzgado de Instrucción número Uno se inhibió en favor de la Audiencia Nacional, ya que la banda afectaba al tráfico comercial en el país y trascendía de la actividad en una sola provincia (elemento común en los delitos telemáticos). Sin embargo, la Audiencia rechazó la inhibición y se planteó entonces una “cuestión de competencia” sobre el asunto.

El Ministerio Fiscal informó a favor de una investigación en los Juzgados Centrales de Instrucción, pero el TS rechaza la argumentación y concede el peso de las pesquisas a Almería (al menos en la primera fase del caso). Pesa en el fallo del Supremo que el supuesto fraude “no tiene una trascendencia económica importante, una media de 500 euros”.