Amenazas a vecinos tras el corte de luz y agua a okupas de Villablanca

La relación entre los propietarios legales y las decenas de okupas establecidos en la promociones residenciales del barrio de Villablanca empeora con el avance de las gestiones para su desalojo. La mañana del miércoles dos equipos de Aqualia y Endesa cortaron el suministro de agua y electricidad a medio centenar de okupas instalados en tres fases de un residencial, en un ambiente de enorme tensión.

Los operarios acudieron a la zona entre importantes medidas de seguridad, fundamentalmente protegidos por patrullas de la Policía Local de Almería, y cortaron el fluido a las viviendas identificadas como víctimas del allanamiento.
La decisión causó un enorme malestar entre los afectados, algunos residentes en las casas (tipo dúplex) desde hace años aprovechando la ausencia de inquilinos y el crack del mercado inmobiliario provocado por la crisis. Según testigos, algunos okupas indicaron que volverían a conectar el suministro con enganches ilegales y propietarios legítimos recibieron amenazas y actos de vandalismo.

La situación es, por tanto, muy delicada. No es la primera vez que se producen enfrentamientos entre ambos y conflictos en la convivencia.  El pagos de las cuotas de la comunidad es una quimera y los espacios comunes de los residenciales han sido saqueados o se encuentran muy deteriorados.

Los inmuebles pertenecen fundamentalmente a tres actores. En primer lugar, están los propietarios legales que adquirieron casas por unos 300.000 euros en los últimos años del boom inmobiliario.

En segundo lugar, están la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, conocida como Sareb o Banco Malo. Esta organización se creó para gestionar los activos tóxicos de las entidades financieras vinculadas al ladrillo. Dicho de otro modo, trabaja con las casas que no se vendieron cuando llegó la crisis económica, muchas de ellas embargadas a promotoras a las que dieron crédito para levantarlas. Y en tercer lugar, algunas propiedades pertenecen a una sociedad con sede en Granada y dedicada al mercado inmobiliario.

El Banco Malo decidió poner freno al uso irregular de sus propiedades e inició medidas legales. También se personaron los vecinos legales, cansados de los incidentes y atrapados por grandes hipotecas en viviendas con una salida compleja en las condiciones actuales.

Necesidad o fraude

Tras una junta de jueces, el asunto se separó en piezas. Una casa, un procedimiento. El asunto quedó partido en los seis órganos de Instrucción de Almería. Las primeras familias ya han comparecido, aunque ninguna ha accedido voluntariamente a abandonar sus residencias.

El caso se complica aún más cuando muchos de los okupas son familias con hijos menores o, incluso, pagan un alquiler a otros okupas que llegaron antes que ellos y comercian con un bien que no les pertenece. El negocio es redondo. Ingresan el cien por cien del alquiler, no tienen gastos y no pagan impuestos por una transacción realizada en la clandestinidad.

Algunas de estas familias han alegado situaciones de extrema necesidad y riesgo de exclusión social. La Policía Nacional ha realizado un trabajo de prevención e identificación de los residentes durante los últimos años, aunque sólo los jueces pueden tomar decisiones para el desahucio. Mientras, en Villablanca se mira con recelo a los vecinos.