Alaya decreta libertad con cargos para la ex delegada Francisco Pérez Laborda

La magistrada ordena libertad para los ex altos cargos de la Junta detenidos el martes

Teresa Florido y Pérez Laborda, ambas imputadas, en un acto oficial en 2012
Teresa Florido y Pérez Laborda, ambas imputadas, en un acto oficial en 2012
Javier Pajarón
19:59 • 25 mar. 2015

La titular del Juzgado de Instrucción número Seis de Almería, Mercedes Alaya, decretó ayer libertad con cargos para Francisca Pérez Laborda, ex delegada provincial de Empleo de la Junta de Andalucía, acusada de fraude en subvenciones públicas, prevaricación y malversación de fondos en el marco de la denominada Operación Barrado de la Guardia Civil.





Pérez Laborda fue arrestado por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) el pasado martes y trasladada hasta Sevilla para comparecer ante la magistrada Mercedes Alaya junto a otra docena de altos cargos y dirigentes de la Junta de Andalucía. Entre los detenidos se encontraba también el almeriense Andrés Sánchez.





El ex director general de Formación Profesional y Autonómicas entre los años 2010 y 2011, militante de Los Verdes y conocido por su labor ecologista, quedó igualmente en libertad con cargos a la espera de una futura citación, según fuentes judiciales.





Francisca Pérez Laborda, militante socialista en la provincia ocupaba un puesto como técnico en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía. Ayer compareció ante Alaya, aunque se acogió a su derecho a no declarar como buena parte de los imputados por la magistrada en la Operación Barrado, cuyas diligencias iniciales datan del mes de enero.





Alaya acusa a los responsables de las delegaciones provinciales de Empleo de participar de “una red de clientelismo político” para promover un descontrol en la concesión de ayudas públicas para cursos para desempleados en la comunidad autónoma. De este modo, se habrían malversado presuntamente fondos públicos.





El caso es similar al de la denominada Operación Edu de la Policía Nacional, aunque se centra en el sistema de concesión de ayudas de la Junta y no en el uso de los fondos por parte de las empresas beneficiarias.





La Operación Barrado deja, de momento, 16 detenidos en toda la comunidad. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido una fianza civil de seis millones de euros para la presidenta de la UTE gestora del Consorcio Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio de Mijas (Ciomijas) en Málaga, María Ustarán, según ha informado la CADENA SER.




Apoyo socialista


Francisca Pérez Laborda tiene una larga carrera política en su currículum, iniciada en el Ayuntamiento de Macael y vinculada a la UGT y al PSOE desde principios de los años noventa.  En mayo de 2008 se convirtió en delegada provincial de Empleo de la Junta de Andalucía en sustitución de Clemente García. Abandonó el puesto con su cese en julio de 2012 y, desde entonces, ha ocupado un puesto como asesora para la Administración autonómica en la provincia de Almería.



Aunque la presidenta de la Junta, Susana Díaz, anunció que todos los cargos detenidos en la operación serían cesados, aún no se ha producido ningún movimiento al respecto en el caso de Pérez Laborda. Además, la ex delegada provincial cuenta con el apoyo expreso del PSOE de Almería.



En un comunicado emitido la noche del martes, el PSOE aseguraba que “la Comisión Ejecutiva Provincial ha expresado su convencimiento sobre la honestidad con la que ha ejercido su trabajo Pérez Laborda y espera celeridad en la resolución de la investigación para que esta no le cause mayores perjuicios, de difícil reparación”.


"Se puede citar a una persona a declarar sin necesidad de montar este espectáculo, que pasa siempre con esta jueza", señaló José Luis Sánchez Teruel. "Estoy convencido de la honestidad de la señora Francisca Pérez Laborda sin ningún género de dudas", añadió el líder de los socialistas almerienses.



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