La Junta impone 23 sanciones por intrusismo en el sector del taxi

La Consejería de Fomento y Vivienda tramitó durante el pasado año en Almería 23 expedientes sancionadores a taxis piratas por prestar servicios ilegales de transporte público de viajeros mediante vehículos sin autorización. En Andalucía los procedimientos alcanzaron los 170, una cuantía que se vio incrementada con doce sanciones más por ofertar y publicitar este tipo de servicios irregulares por diferentes vías.

La Junta ha registrado, por tanto, las 182 sanciones en el conjunto de la Comunidad, lo que supone un incremento del 30% con respecto a la actividad llevada a cabo en el ejercicio anterior, cuando se registraron 140 multas, consecuencia de la labor inspectora que desarrollan la Junta y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dedicadas a la vigilancia del transporte en carretera.

Las multas De acuerdo con la normativa vigente, el importe de las multas por transporte ilegal de viajeros oscila entre los 1.380 y los 2.760 euros, teniendo en cuenta aspectos como la reincidencia, la especial gravedad de la infracción, la magnitud del beneficio ilícitamente obtenido, el perjuicio causado o la repercusión social.

En el conjunto de Andalucía,  las infracciones se han castigado con 1.380,01 euros cada una, y desde el 31 de diciembre de 2014, este tipo de sanciones va acompañado, además, de la inmovilización del vehículo infractor hasta el abono de dicha cuantía. Esta medida se recoge en el reciente Decreto Ley 17/2014 para adopción de medidas de control del transporte público discrecional de viajeros en vehículos turismo aprobado por Consejo de Gobierno y que supone una modificación del marco normativo existente para reforzar el control del intrusismo en el taxi.

Defensa del sector La iniciativa, que responde a una reivindicación planteada por el propio sector, ofrece medidas más ágiles y eficaces como la inmovilización en el acto del vehículo infractor para permitir a las fuerzas de seguridad prolongar la retención hasta el abono de la sanción o la prestación de una garantía de pago (caución) por una entidad autorizada. Hasta ahora la retención se mantenía únicamente hasta el momento en el que los viajeros abandonaban el vehículo, lo que en la práctica convertía la medida en ineficaz.