Marcos García-Montes: “No quieren la ley gitana, sólo quieren justicia”

la primera sesión del juicio con jurado popular por la muerte de Bernardo Santiago y su hijo José Santiago, tiroteados en julio de 2012 en Costacabana, sienta las bases de devenir del proceso. El fiscal, la acusación particular y las defensas esbozaron ayer las líneas generales de sus estrategias, en un informe previo a la fase de declaraciones.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería juzga a cuatro personas por dos presuntos delitos de asesinato. Los acusados son Baldomero S. G. y sus hijos Francisco S. F., José S. F. y Nicolás S. F. Víctimas y supuestos agresores son familiares directos. Los acusados se enfrentan a condenas de 40 años de cárcel, aunque Baldomero S. G. está también procesado por tenencia ilícita de armas.

La Fiscalía acusa a Baldomero S. G. y a Francisco S. F. como autores materiales del crimen. Mientras, la acusación particular implica a los cuatro como autores materiales, inductores y/o  ideólogos del ataque, con roles distintos durante los hechos.

El abogado de la familia es Marcos García-Montes. “No quieren venganza, quieren justicia; no quieren la ley gitana, quieren la ley de todos”,  aseveró ante los miembros del jurado popular.

A la espera de los primeros interrogatorios, aplazados hasta el próximo lunes, el letrado de la acusación particular consiguió ayer introducir un nuevo elemento de prueba. A saber, los hermanos del acusado Baldomero S. manifiestan que éste les confesó la autoría de los crímenes durante una visita en . La magistrada Társila Martínez admitió, bajo protesta de las defensas, una carta firmada en este sentido.

Además, García-Montes incidió en una posible “ocultación de bienes” por parte de la familia de los acusados para evitar el pago de las indemnizaciones futuras y subrayó la “contradicción” que, a su juicio, se produce en las declaraciones en dos de los acusados. Esto es, Francisco  S. F. y José S. F. manifestaron voluntariamente en diciembre que habían realizado disparos y, de este modo, exculparon al patriarca Baldomero. Sin embargo, sus letrados piden la absolución.

Defensas

Por otra parte, las defensas expusieron sus argumentos iniciales y concentraron sus esfuerzos en desmentir un “plan preconcebido” para atacar a los fallecidos. Aquilino Garfias aseguró que Nicolás S. F. “no se encontraba en el lugar de los hechos” y añadió que “no pudo escapar de la casa porque estaba completamente rodeada” por la Policía Nacional. Su versión está clara. No estaba allí, no participó en el crimen.

Francisco Fernández Lupiáñez explicó que la confesión prestada en el mes de diciembre por José S. F. “no es incompatible con la libre absolución” y avanzó la alegación de una posible ‘legítima defensa’. Además, subrayó que la acusación “inventa un acuerdo entre todos, un concierto” para matarlos que no existía.

Josefa Ramos, letrada que ha participado en el caso desde el primer día,  afirma que “se va a acreditar que no hay ningún plan preconcebido” y critica los argumentos de la acusación y Fiscalía. “Con todo el respeto, acusan porque hay que acusar a alguien sin saber a quién”, dijo en la sala.

Finalmente, la penalista Mónica Moya representa al principal acusado, Baldomero S. Tanto fiscal como acusación particular le señalan como autor material. La letrada mantiene que existe un plan general para incriminar a toda la familia como venganza. “Quieren la ley gitana desde el familiar más antiguo, Baldomero, hasta los más jóvenes”.