La Guardia Civil eleva a 1.300 millones los fondos para cursos de formación investigados en la causa de Alaya

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha elevado a 1.298.722.878,04 euros la cantidad que la Junta de Andalucía habría concedido en ayudas a la formación entre los años 2002 y 2014 sin que se haya justificado por parte de las distintas entidades beneficiarias el destino dado a esas cantidades.

En un atestado entregado a la juez Mercedes Alaya, al que ha tenido acceso Europa Press, la Guardia Civil explica que dicha cifra ha sido extraída en base al archivo informático entregado el 25 de julio de 2014 por la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, en el que se contenían una serie de registros vertidos por la aplicación informática de la Junta llamada Júpiter relativos a las subvenciones de formación correspondiente al periodo 2002-2014.

De este modo, y una vez ordenadas las subvenciones por año y, a continuación, verificados para cada una de éstas los apuntes contables relativos a las OP (órdenes de pago) y las J (justificaciones), los agentes han podido determinar, del diferencial existente entre ambas órdenes, que el importe pendiente de justificar por cada una de las entidades beneficiarias asciende a un total de 1.298 millones de euros.

La UCO destaca que "dicha cantidad a justificar alcanzaría su cota máxima en los ejercicios 2010 y 2011, con 347 y 339 millones de euros, respectivamente", mientras que "un segundo tramo destacable sería el comprendido entre los ejercicios 2007 y 2009, con 110, 203 y 121 millones de euros, respectivamente".

En este sentido, los agentes valoran en este atestado, fechado el pasado 30 de abril, la "tendencia alcista" de las cantidades a justificar, "que se acentúa en el intervalo 2007-2012, si bien disminuye de manera considerable a partir de entonces".

Partidas

De igual modo, los agentes han analizado las distintas subvenciones en atención al parámetro del órgano gestor responsable y han realizado una aproximación respecto a las cantidades pendientes de justificar por las entidades beneficiarias y cuya fiscalización "recaería sobre los precitados órganos gestores, encargados en las acciones formativas subvencionadas, de sus distintas fases de adjudicación/concesión, control y fiscalización".

La UCO destaca que, atendiendo a las cantidades pendientes de justificar clasificadas por el órgano gestor, "se observa que Málaga, Sevilla y las subvenciones con código 98 --Servicios Centrales-- son las que mayor cuantía presentan", con 68,1, 66,9 y 546,7 millones de euros, respectivamente. También destaca Córdoba, con 47,5 millones; Cádiz, con 44; Granada, con 43,9; Huelva, con 24,5; Almería, con 17,5, y Jaén, con 14,7 millones de euros.

Los agentes ponen de manifiesto que "gran cantidad de los registros volcados del aplicativo Júpiter a la tabla objeto del presente informe no se pueden asociar a ningún órgano gestor, de ahí que durante el proceso de tratamiento de la información facilitada se hubiesen agrupado bajo el rótulo Sin consignar", con una cantidad asociada de 424,4 millones de euros.

Al hilo, la UCO recuerda la declaración prestada como testigo el 4 de julio de 2014 por parte del exdirector general de Formación para el Empleo Carlos Cañavate, quien manifestó que, cuando tomó posesión de su cargo en octubre de 2013, "se encontró con una cantidad aproximada de 950 millones que no se habían justificado", por lo que "si añadimos a los 546 millones" de los Servicios Centrales los 424 millones relativos al campo ´Sin consignar´, "obtenemos una cantidad próxima a la mencionada" por el testigo.