Juristas y arquitectos debaten sobre legalidad urbanística en unas jornadas

Un abarrotado salón de actos del Edificio de Las Mariposa acogió ayer la primera sesión de las X Jornadas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, un gran foro de debate sobre los conflictos urbanísticos, ordenación del territorio y reformas legales en materia de construcción.

Unos 250 juristas, arquitectos y técnicos interesados en la materia se dan cita en el encuentro, cuya clausura está prevista para este sábado a las 14 horas con presencia de Rafael Fernández Valverde, magistrado del Tribunal Supremo y vocal del CGPJ, Lourdes Molina, presidenta de la Audiencia Provincial de Almería, José Pascual Pozo, decano del Colegio de Abogados, y Gabriel Amat, presidente en funciones de la Diputación Provincial.

Durante la primera jornada se abordaron asuntos de actualidad como las certificaciones energéticas para edificios o la aplicación de la Ley 8/2013, que regula las condiciones de rehabilitación de espacios urbanos y que tiene una incidencia clave en proyectos municipales de todo el país (por ejemplo, en las reformas de barrios o en la regeneración de espacios turísticos).

Viviendas

Por otra parte, la sesión del jueves se cerró con una ponencia sobre la ejecución de sentencias en delitos contra la ordenación del territorio. Participaron Manuel Espinosa, magistrado de la Audiencia Provincial de Almería, el decano José Pascual Pozo y Tomás Cobo, magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Uno.

Sobre la mesa estaban debates como la resolución del conflicto de las viviendas irregulares del Almanzora y Levante, construidas fuera de ordenación, el decreto autonómico para regularizar construcciones en la zona y el laberinto del hotel de El Algarrobico, así como la responsablidad de los arquitectos y técnicos en las investigaciones judiciales abiertas.

El decano del Colegio de Arquitectos, Javier Hidalgo, recordó en la recepción celebrada la noche del miércoles en la Diputación Provincial de Almería, la gran incidencia de los procedimientos judiciales iniciados en los tribunales ordinarios por reclamaciones derivadas de las responsabilidades civiles, penales y administrativas de los citados agentes, promotores, constructores, técnicos y usuarios. Hidalgo ha criticado duramente las acusaciones a los técnicos, especialmente en el conflicto con las viviendas del Almanzora.