La UDEF retoma la Operación Edu y apunta a altos cargos de la Junta

La Operación Edu es ahora Operación Eduende. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional abre la cuarta fase de la investigación contra el presunto fraude en el uso de fondos públicos en cursos de formación para desempleados y retoma las citaciones de empresarios y profesores de entidades beneficiarias de subvenciones entre los años 2010 y 2012.

El operativo se concentra en las provincias de Granada, Jaén, Cádiz, Málaga, Córdoba y Almería y prevé unos 140 arrestos, entre ellos, los de altos cargos de la Junta de Andalucía vinculados a la concesión de las ayudas mediante las partidas 32D y 32L correspondientes al Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

En el punto de mira están jefes de servicio, jefes de departamento y directores del SAE con responsabilidades en las fechas señaladas y, al menos, cinco ex delegados provinciales de Empleo de Jaén, Málaga, Granada, Córdoba y Cádiz.
La UDEF desembarcó ayer en la Comisaría Provincial de Almería y tenía prevista la toma de declaración de los primeros testigos e imputados en esta fase durante la tarde, aunque no ha trascendido el número exacto de personas citadas.

Cronología

La delegada de la Junta de Andalucía en Almería, Sonia Ferrer, aseguró ayer que no se habían producido registros ni detenciones en dependencias del Gobierno autonómico en la provincia. “No tenemos noticias de ninguna detención”, afirmó. “En su momento, durante las detenciones del mes de marzo, la Policía nos requirió unos expedientes y se los dimos, siempre hemos actuado con total colaboración con la Justicia y confiamos en su trabajo con total libertad”, añadió la delegada.

En el mismo sentido se pronunció ayer su homóloga en la provincia de Jaén, Purificación Gálvez. “Quiero ser muy clara y contundente, por parte de la Junta de Andalucía y de esta Delegación del Gobierno, máxima colaboración con la fuerzas y cuerpos de seguridad y con los jueces, los fiscales, si hubiera lugar”, aseveró.

La Operación Edu comenzó en abril de 2014 en una investigación de la magistrada  Mercedes Alaya. Poco después tuvo ramificaciones en las provincias implicadas. El Juzgado de Instrucción número Cuatro de Almería abrió diligencias y entre febrero y abril de 2015 se produjeron las primeras detenciones en el marco de la Operación Edu Costa y la Operación Edu Centro.

Sin cifras oficiales sobre detenidos, empresas implicadas y cantidades defraudadas los números globales bailan según las fuentes. Las diligencias de Alaya cifraban el agujero a las arcas públicas en 3.000 millones de euros, es decir, la mayoría del dinero concedido en subvenciones para cursos de formación.

Academias

No obstante, fuentes de la investigación consultadas por LA VOZ DE ALMERÍA apuntan a cifras inferiores ya que, en buena medida, las empresas sospechosas mezclaron prácticas legales con otras irregulares. Esto es, las mercantiles impartieron cursos con normalidad y, al mismo tiempo, simularon clases  y se apropiaron de una parte de los fondos destinados a los profesores (muchos han comparecido ante la Policía Nacional como testigos para confirmar la identidad de supuestos alumnos reflejados en los expedientes acreditativos presentados para el cobro de las ayudas).

En la provincia de Almería está acreditada la declaración en calidad de detenidos de unas 40 personas por actividades en 15 empresas. Estas sociedades recibieron fondos para la formación profesional por valor de seis millones de euros.
La convocatoria de ayudas del Servicio Andaluz de Empleo para el impulso de la formación profesional era flexible y permitía la participación de empresas, ayuntamientos y asociaciones. En los boletines de la Junta de Andalucía hay hasta medio centenar de entidades beneficiarias de subvenciones del SAE, la mayoría academias y empresas dedicadas específicamente a cursos de formación ocupacional.