Reforma de Código Penal y Ley Mordaza, en vigor entre protestas

Las reformas del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, entran en vigor acosadas por fuertes críticas. Los grupos de la oposición recurren al Tribunal Constitucional, las organizaciones de policías nacionales y guardias civiles cargan contra la falta de formación recibida y los profesionales del mundo judicial denuncian la carencia de recursos en los difíciles días de la transición.

Las nuevas normas cambian sustancialmente el derecho penal español. Modifican un tercio de los artículos, eliminan las faltas, aumentan los delitos y las condenas y dotan a los agentes de las fuerzas de seguridad de amplias competencias para sancionar conductas como protestas pacíficas, paralización de desahucios o manifestarse junto al Congreso, el Senado o el Parlamento Andaluz.

La Ley Mordaza impide, además, fotografiar o filmar a agentes de las fuerzas de seguridad cuando ellos mismos consideren que puede perjudicar a su imagen, a una operación o a una investigación. La prohibición responde a las denuncias ciudadanas de supuestos maltratos de agentes en manifestaciones o concentraciones. Ahora, grabar a un agente puede suponer una multa de 600 a 30.000 euros.

La Asociación de la Prensa de Almería y el Colegio de Periodistas de Andalucía convocaron ayer una concentración en la Puerta Purchena para protestar contra la entrada en vigor de la Ley Mordaza, que consideran “un ataque al derecho a la información”. 

Covadonga Porrúa, presidenta de la Asociación de la Prensa leyó el manifiesto. “La AP-APAL y el CPPAA consideran que esta ley supone límites encubiertos a los derechos fundamentales de reunión, asociación y manifestación y ha incidido en las restricciones y multas impuestas a los profesionales del periodismo”, recoge el documento. “Creemos que la inseguridad jurídica para fotógrafos, reporteros gráficos, periodistas y también para los editores, está servida con esta ley ya que estos profesionales ejercen su oficio en lugares públicos y en asuntos de interés público”, añade el manifiesto.