El Supremo avala la suspensión de un año al juez Manuel Arce, destinado en Almería

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo (TS) ha ratificado la sanción de un año para el magistrado Manuel Arce Lana, titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Dos de Almería desde su nombramiento la pasada primavera.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) había sancionado al magistrado en noviembre de 2014 por la comisión de una falta muy grave “consistente en la desatención o el retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de los procesos o causas o en el ejercicio de cualquiera de las competencias judiciales”.

Arce presentó un recurso contra la resolución y el Supremo lo rechaza ahora avalando el pronunciamiento del CGPJ y confirmando la suspensión de un año.

Los hechos corresponden a una etapa anterior a su llegada a Almería. El Boletín Oficial del Estado publicó su nombramiento como titular del Contencioso-Administrativo número Dos de Almería el 10 de abril. Se incorporó a la capital hace unos dos meses procedente de Barakaldo (Vizcaya). 

Antecedentes
Esta sanción no es el primer conflicto legal del magistrado con el órgano de gobierno de los jueces. En el año 2005 el CGPJ le comunicó dos multas de 2.000 y 6.000 euros por faltas graves durante su labor en la Audiencia Nacional. 

Se le acusaba de “ diversos incidentes” en el “trato con los profesionales que acuden al juzgado”, una circunstancia que habría favorecido “una gran movilidad por parte del personal”. En cinco años (junio de 1999 a enero de 2004) hubo más de una veintena de funcionarios que cambiaron de destino y varios casos de bajas por estrés y ansiedad.

Según el expediente, citado por el Tribunal Supremo, el magistrado “exige un constante e incesante uso del tratamiento de Don o el de Señoría Ilustrísima”, “grita al personal” y “se manifesta de forma violenta”. 

Sin embargo, en ese caso Manuel Arce presentó recurso ante el TS y, a diferencia de la actual sanción, consiguió que el Alto Tribunal la revocara y las multas quedaran sin efecto (resolución de 24 de marzo de 2008).