Los okupas de Villablanca sólo han dejado una casa desde el inicio de proceso judicial

La lentitud de los procedimientos judiciales para el desalojo de las decenas de familias okupas de Villablanca enerva a los propietarios legales y alarga el conflicto en los residenciales afectados.

Los seis Juzgados de Instrucción de Almería se han repartido las causas y, a pesar de que los allanamientos datan en algunos casos de hace un lustro, el asunto sigue enquistado. Cada casa okupada se estudia individualmente en un juzgado y las resoluciones se demoran, mientras los roces entre vecinos legales e ilegales continúan.

Desde la apertura de los procedimientos una única vivienda ha sido abandonada voluntariamente. El resto de los residentes permanece atrincherado en estos inmuebles unifamiliares que antes de la crisis se vendían por hasta 300.000 euros. Según fuentes judiciales, sólo en dos casos más se han realizado ya las calificaciones de las partes personadas en el proceso (paso previo para un futuro juicio e hipotético desahucio).

Amenazas y cortes de luz

Las viviendas pertenecen fundamentalmente a una inmobiliaria y al Banco Malo o Sareb ( Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria). Atrapadas por la crisis económica, las promociones sólo se vendieron parcialmente y muchas propiedades quedaron a merced de los okupas. Muchos, incluso, tomaron las viviendas para luego realquilarlas ilegalmente.

En los últimos meses los okupas vieron como se cortaron los suministros de agua y luz. Operarios de Aqualia y Endesa cortaron el suministro protegidos por policías e increpados por los vecinos. Sin embargo, ya se han producido enganches ilegales a la red eléctrica pública. Endesa estaría trabajando ahora en una solución definitiva para estas presuntas irregularidades.

Los propietarios legales se quedan amargamente de robos de equipamientos y materiales de la comunidad, impagos de las cuotas, suciedad, amenazas y una amplia gama de actos vandálicos. Mientras, los okupas alegan que son familias sin recursos, algunas con hijos pequeños (como atestiguan las declaraciones prestadas ya en sede judicial, aunque todavía escasas en número).