Socialistas denuncian la pinza PP-Podemos contra 1.611 empleados públicos

Un total de 1.611 empleados públicos de la Junta en Almería se verán afectados por la derogación del decreto que modifica la Ley de Función Pública.

Son los datos ofrecidos ayer por el parlamentario del PSOE, José Luis Sánchez Teruel, acerca de la repercusión que ha tenido el voto contrario de Partido Popular y Podemos a un decreto de la Junta que facilitaba la participación de los funcionarios en los concursos de traslados y promoción interna.

Todo queda ahora suspendido por “la pinza” de ambas organizaciones políticas en el Pleno del Parlamento andaluz del pasado miércoles.

A juicio de los socialistas, con esa medida se “secuestran” las oportunidades laborales para un conjunto de 23.000 empleados públicos en Andalucía.

Un testimonio directo como perjudicado ofreció el parlamentario almeriense José María Martín. “No podemos trasladarnos a otra provincia aunque quisiéramos”, recordó el diputado, acompañado de sus compañeros Rodrigo Sánchez, Noemí Cruz y Adela Segura.

Bloqueo

Entiende el partido que sustenta al Gobierno andaluz que es “irresponsable” la actitud de Partido Popular y Podemos en la comunidad. “Tuvieron bloqueada la investidura de Susana Díaz durante 80 días”, recordaron.

Sánchez Teruel ha advertido de que la decisión de PP y Podemos de no convalidar el Decreto-Ley pude significar también la paralización de la Oferta de Empleo Público de la Junta de Andalucía, ya que “no sería muy lógico abrir un nuevo procedimiento para ofrecer puestos, sin saber cuáles podrían ser cubiertos con el personal que ya está trabajando para la administración pública andaluza”.

No encuentra el también secretario del PSOE una solución rápida al conflicto planteado por el “bloqueo”. José Luis Sánchez Teruel no ve otra cosa que “torpedeo político” a la gestión de los socialistas en Andalucía, con Susana Díaz al frente.

Si alguien pensó que PP y Podemos eran “como el agua y el aceite”, ahora se han unido “como el agua y la harina”.

Carmen Crespo

Por su parte, la portavoz adjunta del PP en el Parlamento, la almeriense Carmen Crespo, exigió ayer al Gobierno andaluz “que deje de amenazar a los funcionarios y se ponga a trabajar con diálogo y consenso en una Ley de Función Pública que dé una respuesta definitiva y positiva para este importante colectivo”.

Crespo señaló que “los funcionarios no pueden pagar la pataleta de los dirigentes socialistas tras haber perdido una votación democrática en el Parlamento, en la que todos los grupos de la Cámara dejaron claro que el decreto del gobierno no gustaba a nadie”.

La portavoz popular afirmó que el gobierno andaluz “tiene la obligación de convocar la oferta pública de empleo”.

Sindicatos

El sindicato Comisiones Obreras considera que la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, “no tiene ninguna vergüenza” al retrasar la oferta de empleo público, en un debate donde “la Junta usa a los empleados públicos en la guerra política”.

De otro lado, el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) habló de “un auténtico chantaje” por parte de la Junta de Andalucía.