Primer desalojo judicial de okupas en Villablanca

El Juzgado de Instrucción número Dos de Almería abre una vía inédita para solucionar el conflicto de las okupaciones masivas de viviendas del barrio capitalino de Villablanca. El órgano ha dictado la primera orden judicial para el desalojo de un inmueble en los tres residenciales afectados.

El juzgado ha resuelto el desahucio de una familia a petición de la representación jurídica de los vecinos y de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), propietario del grueso de los inmuebles vacíos del entorno. El instructor ordena el desalojo de la vivienda (casa unifamiliar de dos plantas) en un plazo de 15 días y, de lo contrario,  se abrirían diligencias por la comisión de un delito.

La noticia genera expectación entre los propietarios de los tres residenciales afectados por las okupaciones, aunque la incidencia de los allanamientos es todavía muy elevada. Fuentes vecinales sitúan en medio centenar las casas okupadas, aunque sólo una veintena se encuentra en los tribunales.

La decisión del Juzgado de Instrucción número Dos de Almería es la primera en contemplar un desalojo. Es, en este sentido, un hito en el conflicto entre vecinos legales y okupas. Ahora bien, el caso se repartió por seis órganos de Instrucción de Almería y, como quiera que cada inmueble se estudia de un modo individual, la orden dictada por el Instrucción número Dos de Almería no tiene necesariamente que influir en el resto de resoluciones judiciales.

El conflicto

Los propietarios legítimos se sienten “atrapados” entre decenas de casas okupadas. Estas propiedades quedaron vacías cuando la crisis económica reventó la burbuja inmobiliaria y los residenciales se vendieron sólo parcialmente (hasta los 300.000 euros por inmueble). 

Desde el año 2008 los allanamientos se han producido por oleadas, apenas frenados momentáneamente por un agente de seguridad privada colocado por una inmobiliaria propietaria de viviendas del entorno. 

La situación ha generado problemas de convivencia entre los dos frentes. Además de actos de vandalismo y sabotaje en coches y zonas comunes de los vecinos,  las okupaciones han propiciado sucesos tan graves como el secuestro y la muerte de un ciudadano latinoamericano torturado en una vivienda de la calle Piscis, varias veces okupadas en los últimos años.

A lo largo del 2015 las empresas de fluido eléctrico y agua con servicios en Villablanca han cortado el suministro a las casas sin contrato (han acreditado enganches ilegales), unos trabajos para los que tuvieron que contar con presencia policial para evitar represelias de los vecinos molestos. Ahora, la primera orden judicial explora una nuevo camino para atajar estos episodios de conflictividad.