Casi mil familias acuden a la Junta para no perder su casa

La oficina antidesahucios puesta en marcha por la Junta de Andalucía en la provincia de Almería hace ya tres años ha atendido a más de 900 familias.

A lo largo de este periodo, han sido 610 desahucios los que se han conseguido paralizar en el territorio almeriense.

Los dos datos fueron aportados ayer por el delegado territorial de Fomento y Vivienda, Joaquín Jiménez, en una comparecencia junto a la jefe de Servicio de Vivienda, María Dolores López, y en la que se puso en valor el servicio de información y asesoramiento que se presta desde la Administración andaluza en el conjunto de la comunidad.

Las labores de asesoramiento de la oficina se centran en la prevención, intermediación y protección. Es en el segundo apartado en el que se encuadran los 610 desahucios paralizados.

En estos tres años, por contra, también se ha elevado por encima de los 800 el número de lanzamientos con resultado positivo que ha contabilizado la oficina. Los datos oficiales del CGPJ elevan esa cifra a casi 5.000.

María Dolores López apuntó, no obstante, que en los últimos meses se viene observando un descenso en las órdenes judiciales de desalojo de viviendas. Y Joaquín Jiménez subrayó que hay una actitud “más flexible” por parte de entidades financieras, es decir, bancos y cajas.

No hay un perfil definido de las personas que han buscado asesoramiento en la oficina de la Junta para evitar perder su casa. Los hay desde quienes se encuadran en la clase media hasta avalistas pasando por población inmigrante que reside en el Poniente.

Por municipios, el mayor volumen de consultas se ha registrado en la capital, El Ejido y Roquetas de Mar.

Joaquín Jiménez aprovechó el balance de ayer para reconocer la labor que en este periodo han realizado distintos ayuntamientos almerienses así como la Diputación Provincial y el Colegio de Abogados.

Asimismo, se refirió a la labor que desde la Delegación Territorial han llevado a cabo funcionarios, administrativos, trabajadoras sociales y una titulada en Derecho.

“Estos puntos de información, asesoramiento e intermediación han demostrado en estos tres años que la Administración autonómica está del lado de esas familias en la lucha contra este drama social, que constituye una prioridad de gobierno”, dijo el delegado a modo de reflexión política. Junto a ello, se trata de reforzar la protección de las familias en situación de vulnerabilidad y en riesgo de exclusión social”.

Mesa de la Vivienda

El delegado territorial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía en Almería, Joaquín Jiménez, anunció ayer que en breves fechas se constituirá en la provincia la Mesa de la Vivienda.

“Vamos a convocar a todos los municipios que disponen de registro de demandantes de vivienda porque queremos, con ellos, que aflore la situación de cada pueblo”, apuntó Jiménez.

El delegado apuntó que también se persigue “chequear” la existencia de posibles casos de viviendas ocupadas de forma irregular. “Tenemos que ser extremadamente justos con las familias que tienen necesidades de una familia”, apostilló Jiménez Segura.

Desde la Administración andaluza se trabaja en la culminación y puesta en marcha del nuevo Plan de Vivienda, que tendrá sus pilares en el fomento del alquiler entre familias con recursos limitados y colectivos más vulnerables, así como en la rehabilitación del parque residencial existente con criterios de accesibilidad y ahorro energético.

Se incide especialmente en el capítulo de la rehabilitación. El citado plan impulsará medidas destinadas al mantenimiento y conservación del parque público de viviendas de la Junta, que asciende a 84.413 inmuebles y da alojamiento digno a 350.000 personas con escasos recursos.

A lo largo de los próximos meses se iniciarán actuaciones de mantenimiento y reparación por valor de 15 millones euros.

Ayudas

La Junta dispone de un crédito de 3,8 millones de euros para atender la solicitud de ayudas por parte de familias afectadas por procesos de desahucio o ejecución, según destacaba en su comparecencia de ayer el delegado territorial de Vivienda, Joaquín Jiménez, junto a la jefe de Servicio, María Dolores López.

Esta misma semana, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicaba la Orden que regula la concesión de ayudas para el alquiler de vivienda a personas en especiales circunstancias de emergencia social, por haberse visto privadas de la propiedad de su vivienda habitual como consecuencia de una ejecución hipotecaria o por el ejercicio de cualquier otra garantía sobre la misma, o que se hayan visto obligadas a ofrecer su vivienda habitual en pago.

Según se explica en la Orden, podrán ser beneficiarias de las ayudas las personas en especiales circunstancias de emergencia social debido a alguno de los siguientes supuestos:

a) Haber sufrido una ejecución hipotecaria o de cualquier otra garantía sobre su vivienda habitual.

b) Encontrarse su vivienda habitual incursa en un procedimiento de ejecución para responder de un aval o garantía prestado en orden a garantizar alguno de los siguientes: un crédito hipotecario o préstamo concedido para hacer frente al desempeño de su actividad profesional de personas dadas de alta en la Seguridad Social como trabajadoras por cuenta propia.

c) Que se hayan visto obligadas a ofrecer su vivienda habitual en pago por alguna de las causas expresadas en los apartados anteriores, sin que sea necesario la existencia de un procedimiento de ejecución o apremio.

También se explica que al derogarse la Resolución de finales de julio de este mismo año de la Dirección General de Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura, por la que se suspende la convocatoria de ayudas, se dan por admitidas las solicitudes presentadas desde el 3 de agosto de 2015, fecha de publicación de la citada Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).