Las entidades renunciaron al 20 por ciento de los cursos subvencionados por la Junta

La Justicia indaga sobre el uso de los  fondos públicos autonómicos destinados a la subvención de cursos de formación profesional para desempleados, con investigaciones simultáneas en órganos de todas las provincias andaluzas. Los jueces analizan la adjudicación de las ayudas a entidades privadas, particularmente en los ejercicios 2010 y 2011, y en la utilización de esas concesiones públicas.

La Operación Edu, desarrollada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal  (UDEF) de la Policía Nacional, ha revelado presuntas irregularidades en el uso de subvenciones cercanas a los seis millones de euros en la provincia de Almería, con una veintena de sociedades señaladas y decenas de imputados, ahora a la espera de la citación judicial. Se trataría en su mayoría de cursos “fantasma”, que nunca se realizaron o que simplemente los alumnos no completaron en su totalidad, pero cuyas ayudas se cobraron integramente.

Bajo sospecha Ahora bien, la Junta de Andalucía realizó su propia fiscalización interna sobre las subvenciones para cursos de formación para desempleados. Según señala la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio en una respuesta parlamentaria al grupo popular, registrada en el mes de julio por la diputada Teresa Ruiz-Sillero, sólo el 20 por ciento de las entidades beneficiarias de ayudas en la convocatoria de 2011 renunciaron voluntariamente a las aportaciones por no poder completar o ejecutar estos cursos.

En la provincia de Almería la Junta de Andalucía acredita ayudas para 573 cursos de formación para demandantes de empleo, de los cuales oficialmente se acabaron 441, según Empleo, Empresa y Comercio. 

En el conjunto de la comunidad autónoma se terminaron en ese ejercicio, bajo sospecha en la Operación Edu y en una investigación de la Guardia Civil y la juez Mercedes Alaya en Sevilla, 4.124 cursos financiados por la Junta de Andalucía, sobre un total de 5.800 aprobados en las convocatoria públicas (supone un 70 por ciento).

El Partido Popular interpeló también a la Consejería de Empleo por “el porcentaje de estos cursos se han iniciado y finalizado, a fecha 1 de julio de 2015, en cada una de las provincias andaluzas” y sobre “qué entidades son las que han iniciado menos cursos en proporción a los que tenía adjudicados”.

Las subvenciones para cursos de formación se realizaron a través de la adjudicación de fondos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y tenían como objetivo fortalecer la formación de los desempleados para favorecer su reincorporación al mercado laboral. La investigación judicial apunta a un presunto fraude millonario por parte de los empresarios y profesores.