Seis años de Caso Poniente a la espera solo de un informe de tasación

Seis años y casi 300.000 folios después, al Caso Poniente –la investigación judicial del que pasa por ser la mayor trama de corrupción institucionalizada detectada hasta la fecha en Almería- le queda todavía un fleco para dar por cerrada la instrucción y pasar a la siguiente fase, la de formulación de acusaciones y apertura de juicio.
Ese hilo no es otro que la peritación económica de la finca de viñedos que el exalcalde de El Ejido, Juan Enciso, señalado como uno de los principales imputados, se hizo hacer en la Alpujarra granadina.
La propiedad alberga una edificación tipo cortijo que –ésa sí- está valorada en un informe pericial del pasado mes de mayo en unos 150.000 euros. Sin embargo, la tasación de las tierras cultivadas, a priori lo más valioso de la finca, aún no está terminada.
Son peritos de la Junta de Andalucía los que se encargan de ese trabajo, que debe determinar cuánto pudo costar poner en producción vitivinícola un área de 32 hectáreas de alta montaña, entre Laroles y el Puerto de la Ragua.

Cobro en especie

El sumario de la investigación apunta a que tanto los trabajadores como los materiales con los que se hizo la explotación salieron de la Empresa Mixta de Servicios Municipales Elsur y del propio Ayuntamiento, lo que apuntaría a un presunto cobro ‘en especie’ por parte del exalcalde dentro de una trama de desvío de dinero público municipal.
Ponerle número a ese presunto beneficio ilegal del que se habría aprovechado Enciso tiene peso a la hora de formular la acusación contra quien fue alcalde de El Ejido durante quince años, motivo que explica por qué la instrucción no se ha cerrado todavía.
A pesar de que en su día Juan Enciso declaró en el juzgado que la obra del cortijo la había hecho él mismo ayudado de su hermano y que los materiales habían costado 3.000 euros, el detallado informe pericial aportado al sumario por la Agencia Tributaria en mayo de 2014 contradice esta versión y da por hecho que no solo el cortijo del por entonces alcalde, sino también no pocas obras privadas de varios imputados corrieron a costa de Elsur y de las arcas municipales.
Hoy se cumplen seis años desde que la opinión pública tuviera conocimiento de que la Justicia andaba tras los pasos de una trama que, presuntamente, saqueó el Ayuntamiento de El Ejido durante quince años a través de sociedades que facturaban a Elsur, utilizada –según la investigación- como la herramienta para el presunto desvío de dinero.
El 20 de octubre de 2009 fueron detenidas 20 personas en El Ejido, Sevilla y Madrid, pertenecientes a cinco grupos familiares, entre ellas el alcalde, el por entonces interventor municipal, José Alemán, y varios empresarios de su entorno.
En realidad, la investigación la había iniciado la Fiscalía Anticorrupción dos años antes, y las diligencias estaban judicializadas desde el mes de abril anterior a la operación policial en la que se intervino el Ayuntamiento de El Ejido.

Un sumario descomunal

En el tiempo de instrucción transcurrido, la nómina de imputados ha subido hasta unos 80, un número que todavía se tiene que concretar con la acusación o no alos cinco funcionarios municipales que fueron llamados a declarar en abril de este año, después de que el informe pericial de Hacienda los señalase por haber facturado dinero a Elsur a través de una empresa creada por ellos. Si la de imputados es considerable, el resto de las cifras del caso son también de una magnitud única en los tribunales almerienses. Más de quinientos tomos; casi 300.000 folios; más de 1,6 millones de archivos informáticos, una veintena larga de abogados personados.... todos los elementos que hacen de esta una macrocausa que,  probablemente el próximo año, se convertirá en un macrojuicio en la Audiencia Provincial de Almería.

Una malversación millonaria

Se tratará de dilucidar si, como han cifrado los peritos de la Agencia Tributaria en su informe, los implicados presuntamente se lucraron con más de 60 millones de euros procedentes de las arcas del Ayuntamiento de El Ejido a través de hasta 90 sociedades, muchas de las cuales conseguían sus cuantiosos ingresos a través de facturación a Elsur, una empresa mixta que crearon en 1995 el Ayuntamiento y el grupo Abengoa. Los delitos que se imputan en este caso -según personas- son seis: malversación de caudales, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental, cohecho y fraude fiscal.