Cascapolos era “consciente” del crimen y no padecía un trastorno mental

Juan León alias Cascapolos cruzó el pasillo de la segunda planta de la Audiencia Provincial de Almería con las manos engrilletadas y escoltado por una pareja de la Policía Nacional. Los familiares de las víctimas casi tuvieron que apartarse para no tropezar con el presunto fratricida de Gérgal, mientras hacían esfuerzos por mantener la compostura ante la presencia del acusado, procesado por un asesinato y tres tentativas. Fue el primer desafío de Cascapolos.

El segundo desplante llegó dos horas después. En el final de la vista oral del juicio celebrado en la Sección Tercera, Juan León renunció a su última palabra, abandonó la posición encorvada que había adoptado sobre el banquillo de los acusados y se atrevió a mantener la mirada fija en los familiares mientras salía de la sala rumbo, de nuevo, al centro penitenciario de El Acebuche.

La actitud de Cascapolos respalda la versión ofrecida por el forense en la sala de vistas. “No se encontró ni dio pistas de que estuviera afectado por las drogas o el alcohol”, dijo el perito. “No consideramos, en absoluto, que haya déficit de sus capacidades intelectivas (...) era consciente y recordaba los hechos”, subrayó el forense Manuel Checa.

La acusación
Cascapolos está acusado de matar a tiros a su hermana I. L. en la calle Padre Redentoristas de Gérgal el 6 de octubre de 2013. En el ataque con una escopeta de perdigones hirió a una vecina y al yerno de I. L. y obligó a huir a un vecino que circunstancialmente se encontraba en la zona. Luego emprendió una huida de tres días por el monte hasta que fue detenido por la Guardia Civil en una cueva al norte del municipio.

El juicio se ha celebrado en dos sesiones y ayer quedó visto para sentencia. El magistrado José María Contreras tendrá que decidir ahora el destino de Cascapolos, acusado de un delito de asesinato, tres delitos de asesinato en grado de tentativa, un delito contra la administración de justicia y un delito de tenencia ilícita de armas. El Ministerio Fiscal pide para 59 años de cárcel.

Mientras, la defensa ejercida por la letrada Cristina Ramírez pide la absolución por los delitos contra la administración de justicia y una tentativa de asesinato (referida al vecino que resultó ileso en el ataque), rebaja la muerte de I. L. a un homicidio (10 años) y califica las heridas a las dos víctimas restantes como dos delitos de lesiones. La última palabra queda en manos del tribunal.