Jueces califican de “inadmisible” el límite del tiempo de la instrucción

Los jueces decanos se suman a la lista de detractores del proyecto del Gobierno para la modernización del sistema judicial. En plena marejada de reformas, el encuentro anual de los decanos pone de manifesto el desacuerdo de la judicatura con aspectos centrales como la modificación del proceso penal,   la implantación del expediente digital, la planta judicial  o el modelo de designación de los vocales del Consejo General. 

Las medidas están orientadas a la agilización de la Justicia, sin embargo, los jueces siembran dudas de su efectividad. Particularmente polémica es la modificación de la Ley de Enjuicimiento Criminal, que entrará en vigor el próximo mes de diciembre y que impone plazos límite para la instrucción de los casos. 

Los jueces decanos consideran la medida como “inadmisible” porque “traslada la idea de que son los jueces los responsables de la lentitud de los procedimientos, cuando su causa radica en la escasez de personal y medios”. Señalan los decanos, que el legislador olvida la participación en la instrucción de otros actores judiciales y la necesidad de informes periciales que alargan la investigación.

Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los asuntos sencillos tendrán un plazo de seis meses, mientras que la instrucción de los complejos será de 18 meses prorrogables hasta otro plazo máximo similar.

Luis Miguel Columna, juez decano de Almería y el más antiguo del cargo en España, asegura que “la limitación no debía haberse hecho”. “Cuidado porque muchas veces no depende del juez que llegue una prueba o no y que, por tanto, la instrucción se dilate en el tiempo”, advierte el magistrado.

Columna recuerda las dificultades para acabar con la instrucción del Caso Poniente. “¿Por qué no se acabó de una vez por todas la instrucción? Porque faltaban tres pruebas periciales y sólo han llegado dos”, explica.

Dividir las macrocausas Según el juez decano de Almería, la reforma parte de un cambio de filosofía positivo: dividir las causas. Sin embargo, Columna asegura que la limitación del tiempo no considera aspectos cruciales como los recursos de los órganos judiciales, especialmente  en las llamadas macrocausas.

“Para un juicio sencillo seis meses es un tiempo asumible, pero siempre que los juzgados tengan recursos”, señala. “Un caso como Caso Poniente entraría en el supuesto de los 18 meses, pero hay que partir de la base que desde el 6 de diciembre (entrada en vigor) causas como ésta no se pueden dar”, añade. “Un delito, una causa, hay que fragmentar los procedimientos, dividirlos, y me parece muy lógico”.

Asimismo, el magistrado titular del Penal número Uno llama la atención sobre el esfuerzo de todos los profesionales para adaptarse a la oleada de reformas legales y prestar un adecuado servicio a los ciudadanos.