Dos décadas y 130 historias en la sala del jurado popular

El 30 de enero de 1997 los nueve miembros del jurado popular reunidos en la Audiencia Provincial de Almería declararon a Issiae Morade culpable de un delito de homicidio involuntario. Morade accedió a una vivienda Haza Tableada (La Juaida) y, sorprendido por el propietario, le clavó unas tijeras durante un forcejeo. 

El presidente del tribunal, el magistrado Juan Ruiz-Rico, hoy destinado en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), cerró la vista con unas palabras de agradecimiento a los ciudadanos y, sin duda, consciente de la importancia del momento histórico, reconoció aliviado: “Ha resultado cansado”.

Fue el primer juicio con jurado popular celebrado en la provincia de Almería, rodeado de ciertas dosis de polémica e incertidumbre, y el final de un largo trabajo de adaptación iniciado con la Ley del Jurado de 1995. 
Dos décadas después, el sistema está plenamente implantado en los tribunales y la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Almería, cuya remodelación costó 12 millones de pesetas para una ampliación completa de las bancadas, ha acogido ya 130 procesos de este tipo. 

La cifra ha crecido paulatinamente desde los primeros ejercicios, donde apenas se celebraba un juicio con jurado popular al año en Almería, hasta las fechas más recientes con media docena de casos ventilados mediante este sistema.

El crimen de Míriam Cuerda, el doble fratricida de Costacabana, el triple crimen de Palomares, los asesinatos de una madre y su hijo en la Plaza Pi i Margall, la absolución del jefe de la Policía Autonómica, el crimen de Piedras Redondas y decenas de asuntos por violencia de género escriben páginas históricas de la crónica negra de Almería, leídas en voz alta en las paredes de la Audiencia Provincial en juicios con jurado popular.

Sorteo Los miembros son seleccionados en un sorteo bianual. El último se celebró a finales de 2014 y nutre con los nombres de 2.500 ciudadanos la base de datos de los potenciales jurados para los ejercicios 2015 y 2016 (es un número relativamente pequeño y existen precedentes de miembros de jurados que han repetido experiencia en menos de dos años). 

Entre ellos salen, de otro sorteo, los 36 ciudadanos que pasarán por la Audiencia Provincial de Almería para someterse al filtro final. Las partes tienen capacidad de recusación a través de las preguntas a los candidatos y  el resultado es un grupo de nueve jurados titulares y dos suplentes.

Además, la Ley del Jurado prevé la asignación de unas cuotas económicas para cada uno los miembros. Los 36 ciudadanos que acuden a la vistilla inicial reciben unos 33 euros, mientras los seleccionados para participar en el vista oral del juicio reciben 67 euros diarios (en el País Vasco se paga aproximadamente un 20 por ciento más).
Además, el Ministerio de Justicia se hace cargo de los costes de su manutención en un hotel hasta el veredicto, según una valoración realizada por la propia Audiencia Provincial de Almería. Antes se hospedaban aislados en el Gran Hotel, recinto adyacente al Palacio de Justicia de Almería y, por tanto, muy cómodo para reunir a los jurados.
Los miembros reciben una media de 600 euros por una procedimiento común, de unos diez días de duración, incluyendo la deliberación y  la sesión final de lectura del veredicto, justo antes de disolverse. Se dan situaciones curiosas, como ciudadanos que se ofrecen voluntariamente para participar tras una primera experiencia satisfactoria (personas en paro, por ejemplo).

Además, los costes de la celebración suben cuando los juicios tienen que repetirse. Y no son pocos los casos. La Ley del Jurado establece una garantía doble a las partes implicadas, que no sólo pueden recurrir ante el Tribunal Supremo sino que antes pueden acudir al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Esta protección legal ha supuesto, en ocasiones, tener que repetir juicios por defectos de forma o errores.