La operación de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil de Almería contra una presunta trama de fraude a las compañías aseguradoras mediante abortos forzados continúa abierta y amenaza con una nueva fase de detenciones.
La investigación coordinada con el Juzgado de Instrucción número Cuatro de Almería se inició hace tres años y busca conectar a la base de la supuesta organización, descubierta con los arrestos de esta semana, con los cabecillas o ideólogos de un plan complejo y afilado.
La Benemérita detuvo el martes a tres personas y elevó la nómina de implicados a una veintena. Pertenecen a priori al primer escalón de la trama. Son personas de entornos humildes, con necesidades económicas y poca formación. Entre ellos hay una decena de mujeres presuntamente captadas para buscar embarazos y forzar luego los abortos mediante la ingesta de productos farmacológicos.
Sin declarar
Las mujeres son de nacionalidad española, marroquí y rumana, la mayoría veinteañeras y alguna madre de varios hijos. La investigación las sitúa en el epicentro del modus operandi para estafar a las aseguradoras y las acusa de forzar abortos y atribuirlos falsamente a accidentes de tráfico. Hay también parejas implicadas.
Estos 17 detenidos llegaron ayer a la Ciudad de la Justicia de Almería para comparecer en el Juzgado de Instrucción número Seis, en funciones de guardia. Dos furgones de la Guardia Civil trasladaron al grueso de imputados desde los calabozos de la Comandancia de Almería a primera hora del miércoles. Otros detenidos, puestos en libertad el lunes, llegaron por su propio pie a los juzgados.
Todos ellos están acusados de presuntos delitos de estafa, pertenencia a organización criminal y lesiones al feto, aunque la investigación apunta a la participación de personas de un perfil diferente, capaz de urdir un plan que el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, definió como “impactante” y “dramático”.
Los primeros 17 detenidos comparecieron ante la magistrada Almudena Nadal, aunque ninguno de ellos prestó declaración, según fuentes judiciales consultadas. Se acogieron a su derecho a no declarar y quedaron en libertad con cargos, a la espera de la futura citación de la instructora “de origen”, la magistrada María del Mar Cruz, del Juzgado de Instrucción numero Cuatro.
Accidentes
Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía , “el juzgado les ha impuesto a todos la obligación de comparecer ante la autoridad judicial los días 1 y 15 de cada mes y a los ciudadanos extranjeros sin arraigo les ha requerido la entrega de los pasaportes”.
La causa permanece bajo secreto de sumario, dictado por el Juzgado de Instrucción número Cuatro de Almería, y se mantiene silencio sobre los plazos, el lugar de procedencia de los investigados, el grado de participación en los hechos y las condiciones de los accidentes de tráfico donde supuestamente simularon los abortos, todos ellos datos sustanciales para conocer la dimensión de la operación de la Guardia Civil (Equipo Mujer Menor, perteneciente a la Policía Judicial).
En la comparecencia en el juzgado no había ayer representante de ninguna compañía de seguros.
Sin médicos
Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Almería, consultadas por LA VOZ, han precisado que “entre los detenidos no hay facultativos”. Según fuentes de la investigación, fueron médicos de Torrecárdenas quienes alertaron a la Benemérita sobre las sospechas de irregularidades en pacientes con cuadros clínicos similares. Eran mujeres jóvenes que manifestaban haber sido víctimas de accidentes de tráfico y que vieron interrumpidos su proceso de gestación, si bien los informes médicos no coincidían con traumatismos de esas características.
Además, las pacientes tenían un perfil similar y se acumularon en un periodo de tiempo relativamente pequeño. Son sospechosos una decena de casos investigados por el Emume (Mujer Menor) de la Guardia Civil de Almería.
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