Enfermeros apelan al Tribunal Supremo

El Consejo General de Enfermería (que aglutina a todos los colegios de España) ha presentado ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo donde solicita la suspensión cautelar del Real Decreto de prescripción enfermera. En concreto, de un párrafo del  artículo 3, que altera  el sentido y contenido del texto legal, introduciendo requisitos y previsiones no contempladas en la Ley del Medicamento, norma de rango superior que regula esta competencia enfermera.

Con esta actuación, incluida por el Gobierno del PP en el último momento, “se vició el contenido del Decreto a pesar de que había sido pactado con la Mesa de la Profesión Enfermera, aprobada por unanimidad en el Consejo Interterritorial y validado por el Consejo de Estado”, exponen los enfermeros que ven una “traición” sin precedentes a la profesión enfermera.

El recurso ahora presentado responde al acuerdo alcanzado en el seno de la Mesa de la Profesión Enfermera (Satse y Consejo General de Enfermería)  que hablaba de presentarlo de forma separada. Este es, por tanto, el segundo recurso registrado ante el Supremo y no será el último, dado que distintos gobiernos autonómicos también han anunciado su intención de recurrir la norma.

Consecuencias nefastas
El escrito presentado recoge “un análisis exhaustivo de las importantísimas y nefastas consecuencias” que está suponiendo la entrada en vigor del Real Decreto y que van desde el  retraso en la atención sanitaria al deterioro de la calidad asistencial a los pacientes pasando por conflictos entre profesionales además de la merma de los derechos y competencias que los enfermeros ostentan por atribución legal del artículo 79.1 de la Ley del Medicamento.

El escrito del recurso describe casos reales con consecuencias negativas y perjuicios “irreparables” que, dicen los enfermeros, se producirán si no se accede a la suspensión cautelar solicitada.

Sin embargo, recuerdan estos sanitarios, si se concede la suspensión, “el interés general no se vería negativamente afectado”. Es más, “es este mismo interés general el que recomienda la suspensión puesto que ésta redundaría en beneficio de la atención de los pacientes y del normal funcionamiento del sistema sanitario”, dicen.