300 viviendas de protección oficial en manos de entidades financieras

La Junta de Andalucía y las entidades financieras mantienen el pulso por la regulación del parque inmobiliario. El Programa Andaluz de Defensa de la Vivienda nació como respuesta a las elevadas cifras de desahucios registradas en la comunidad autónoma durante la crisis económica, como una red de seguridad para las familias en apuros frente a la amenaza del desalojo. 

No en vano, sólo en la provincia de Almería, según informes elaborados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se registra una media de un millar de lanzamientos judiciales anuales. “Una injusticia social” derivada de “el estallido de la burbuja inmobiliaria”, según define la propia Consejería de Fomento y Vivienda. 

En esta labor, la Junta de Andalucía se ha centrado especialmente en frenar los desahucios en promociones de viviendas de protección oficial. En ellas el trabajo de mediación (en Almería se creó una oficina de intermediación gratuita en la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda) es más efectivo.

Según datos oficiales, facilitados por el consejero Felipe López es una respuesta parlamentaria, actualmente las entidades financiera tienen el control de 300 viviendas protegidas  en la provincia de Almería.  En sus manos están inmuebles en una treintena de localidades repartidas por la geografía de la provincia.

Roquetas de Mar (45), El Ejido (72) y Almería (82) son los municipios con mayor número de propiedades en esta situación. 

Los inmuebles están controlados por Anida, BBVA, Buildingcenter, CaixaBank, Caja Rural, Caja Rural Granada, Celeris, Ibercaja, IC Inmuebles, Lloyds, Banco Popular, Res. Murilla, Retama, Sabadell, Banco Santander, Servihabitat , UCI y Unicaja, según el listado publicado por el Gobierno andaluz.
El Programa Andaluz de Defensa de la Vivienda contempla tres áreas de intervención: prevención, intermediación y protección. La primera se desarrolla a través de los “servicios de Consumo de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales”,  organizaciones de consumidores y usuarios y oficinas municipales de información al consumidor con convenios suscritos. Busca fundamentalmente asesorar a los ciudadanos sobre sus hipotecas.

Sanciones La segunda corresponde a la labor de intermediación con las entidades financieras “en defensa de los ciudadanos que sufran endeudamiento sobrevenido a partir de la pérdida de su empleo, asesorándolos para garantizar las mejores condiciones posibles para la negociación o liquidación de la deuda contraída”. La Junta tiene un servicio en Almería (existe otro coordinado por el Colegio de Abogados, el Ayuntamiento de Almería y la Diputación).

Y el tercer pilar del programa se dirige “a las personas o familias a las que la pérdida de su domicilio habitual, como consecuencia de una ejecución hipotecaria o por morosidad del pago del alquiler con causas objetivas y justificadas, sitúe en grave riesgo de exclusión social”.  Aquí surgen importantes discrepancias, donde la Junta obliga a las entidades a poner sus viviendas vacías en alquiler e, incluso, ha impuesto sanciones millonarias.