El arreglo de la desaladora de Cuevas destapó el ‘caso Acuamed’

Un auto del juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional desveló ayer cómo se iniciaron las investigaciones del ‘caso Acuamed’ relativas al sobrecoste de obras hidráulicas, entre ellas el arreglo de la desaladora del Bajo Almanzora.

En concreto, el titular del Juzgado de Instrucción número 6 dedica medio folio a explicar las presuntas irregularidades relativas a esa obra en la provincia de Almería, adjudicada a FCC y Abengoa.

“Con ocasión de una inundación de la misma que la dejó inservible, se aprecia una concertación entre el director general de Acuamed y los contratistas por la que, en contra de lo que decía el contrato y la legalidad, Acuamed no exige que cubra los desperfectos y pague el seguro de las empresas contratistas, sino que arbitra un acuerdo por el que pretende hacer pagar a la empresa pública un 40 por ciento de los mismos, cuando no es responsabilidad de la Administración, y compensar por el 60 por ciento que quería hacer pagar a la UTE, mediante compensaciones a la empresa FCC en otras obras, al parecer pactadas desde muy alto nivel en el Ministerio, especialmente en la obra de descontaminación del pantano de Flix donde quería fijar modificados ficticios irreales para, al final, conseguir compensar en 40 millones de euros a la misma”, dice textualmente el auto de Velasco Núñez.

Añade el magistrado-juez que hubo “oposición” de ciertos funcionarios a “permitir tales irregularidades”. Como consecuencia de ello, “la desaladora sigue sin arreglar y la empresa sin permitir la liquidación de ese contrato, pretendiendo que los aproximadamente dos millones de euros que podría debérseles se conviertan en 10, con un perjuicio para la Administración de ocho millones de euros”.

“Los presupuestos generales del Estado en 2015 - prosigue el auto dictado ayer - preveían cubrir esa “compensación indebida” pactada entre la cúpula de FCC y cargos de alto nivel en el Ministerio, fijando un monto de 10 millones, más veinte millones para hacerlo, no llegando a ejecutarlo inicialmente al conocer la denuncia que ha originado la presente causa en Fiscalía, lo que no obstó en la persistencia de la idea, pues se consignaron cerca de 36 millones de euros en los presupuestos generales de 2015, manteniéndolos solo que reducidos en los de 2016 a una compensación de ocho y catorce millones”.

El auto explica también que se quería compensar a FCC con la adjudicación de la obra de descontaminación física del pantano de Flix, en la provincia de Tarragona.

Debate político
Por lo que respecta al ámbito político, el ‘caso Acuamed’ protagonizó ayer más declaraciones por parte de representantes de diversos partidos, entre elllos el PP, el PSOE y Ciudadanos.

Desde Sevilla, el portavoz parlamentario socialista, Mario Jiménez, exigía al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente que, de manera inmediata, informe sobre si obras desarrolladas por la firma estatal Aguas de la Cuenca del Mediterráneo (Acuamed) en Andalucía se han podido ver afectadas por la trama de la operación Frontino, sobre supuestos sobornos por parte de grandes constructoras.

Le respondió desde Almería la portavoz popular, Carmen Crespo, mostrándose a favor de investigar todo lo relacionado con Acuamed “en todos los gobiernos”, incluyendo de esta manera la gestión que se hizo en la empresa pública durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero (Partido Socialista).

Hubo declaraciones por parte de los portavoces en el Congreso de PP y PSOE, Rafael Hernando y Antonio Hernando, respectivamente. El primero de ellos pidió también que desde Medio Ambiente se investigue “todo” desde el año 2005 y el segundo reclamó la comparecencia de la ministra, Isabel García Tejerina.

Habla la ministra
La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en funciones, Isabel García Tejerina, ha asegurado que acudirá al Congreso a explicar el ‘caso Acuamed’, si así lo decide la Mesa de la Cámara Baja, tal y como han pedido varios grupos parlamentarios. Además, considera que hay que ser “inmisericordes” con conductas como las investigadas en la Operación Frontino por presunto fraude en la adjudicación de obras públicas gestionadas por esa empresa.

La ministra Isabel García Tejerina sustituyó a Miguel Arias Cañete cuando éste fue en las listas al Parlamento Europeo en 2014.