El Gobierno pide al Constitucional que declare nulos los acuerdos del Parlament

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha ordenado a la Abogacía del Estado que interponga un incidente de ejecución de sentencia ante el Tribunal Constitucional que declare nulos y sin efecto los acuerdos tomados este miércoles en el Parlament.

También reclama al Constitucional que tome declaración a la Mesa de la Cámara para exigir responsabilidad penal que pudiera corresponder a la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, y a los miembros de la Mesa que hayan apoyado estas decisiones para admitir a trámite la ley del referéndum.

Asimismo, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado la presentación de este incidente por vulnerarse las sentencias y autos del Tribunal Constitucional (TC), especialmente la de febrero de este año que establecía "con absoluta claridad" la prohibición de cualquier acción que favorezca la celebración del referéndum soberanista.

Por ello, Santamaría ha denunciado el "bochornante" espectáculo que se ha vivido este miércoles en el Parlamento catalán para cualquier demócrata. Ha asegurado que no había pasado más vergüenza ajena en su vida ante el "acto de fuerza contrario a la democracia" y a los derechos de los parlamentarios, de los catalanes y de las competencias de los funcionarios.

Un “capricho burdo y grotesco”
El documento de 91 páginas que ha presentado la abogacía del Estado, en nombre del presidente del Gobierno, califica como un "burdo y grotesco ataque a la Constitución y al propio Tribunal Constitucional”, las leyes de desconexión que quiere aprobar el Parlament.

El Gobierno reclama al Tribunal la mayor claridad, contundencia y urgencia posibles en su respuesta para salvaguardar la autoridad del propio tribunal y la del Estado de Derecho. El Ejecutivo pide la nulidad de todos los actos acordados esta mañana en el Parlament y la deducción de testimonio a los cinco miembros de la Mesa que han permitido la tramitación de la ley del referéndum.

"Es necesario adoptar -señala Mariano Rajoy a través del abogado del Estado- las medidas necesarias que impidan la persistencia en el incumplimiento de la ley" y añade que “no basta con declarar la nulidad de los actos impugnados", sino que ésta debe ir acompañada de todas las medidas "que sean necesarias para evitar la continuación por la vía de hecho del Parlament del llamado proceso de secesión”.

En este sentido, el escrito de la Abogacía del Estado reclama que el Tribunal deduzca testimonio de lo que ha pasado para exigir responsabilidad penal que pudiera corresponder a la presidenta Forcadell y a los integrantes de la mesa.

Asimismo, Mariano Rajoy solicita al Tribunal que resuelva su petición de forma "preferente y urgente" para evitar que el Parlament vote una ley que constituye, afirma, un "burdo y grotesco ataque a la Constitución”. El abogado critica además el mecanismo utilizado para la tramitación de la ley que “deja a las claras la voluntad de situarse al margen del derecho, al margen de la separación de poderes de pretender someterse únicamente a su propio capricho”. Las vulneraciones producidas son "gravísimas y esenciales" y generan una vulneración extremadamente grave del orden constitucional”.

Por "desobediencia y prevaricación"
La Fiscalía Superior de Cataluña va a presentar una querella por "desobediencia y prevaricación" contra los miembros de la Mesa del Parlament que han aprobado la admisión a trámite de la ley del referéndum.

Los miembros de la Mesa que han votado a favor de dicha admisión a trámite son los cuatro miembros de Junts pel Si (Carme Forcadell, Lluís Maria Corominas, Anna Simó y Ramona Barrufet) y el de Catalunya Si Que Es Pot (CSQEP), Joan Josep Nuet.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ya investiga a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a los miembros de Junts pel Sí y de CSQEP en la Mesa de la cámara por desobedecer al TC al permitir que el pleno votara el 6 octubre de 2016 dos resoluciones a favor del referéndum independentista.