El exvicepresidente del Gobierno y ex 'número dos' del PSOE Alfonso Guerra no está de acuerdo con la moción de reprobación que su partido ha presentado contra la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y ha señalado que son los "golpistas" quienes tendrían que ser reprobados y no irse "de rositas".
En una entrevista recogida por Europa Press, Guerra ha enfatizado que lo que está ocurriendo en España es "un golpe de Estado" y ha lamentado que no se esté apuntando a quien se debería, según él. "(El PSOE) Debería retirar esa moción de reprobación; que la cambie por una reprobación a Puigdemont, Junqueras, Forcadell...", ha sugerido.
"Ponen los ojos en la policía y en el Parlamento se plantean cuestiones contra el presidente del Gobierno, yo tengo muchas críticas que hacer -ha matizado- pero hombre, hay un golpe de Estado". Así, se ha defendido alegando que, aunque algún "papanatas" le acuse de defender a la vicepresidenta, lo que está haciendo es defender que "tienen que poner el acento donde hay que ponerlo".
En este sentido, ha señalado que esta "batalla" no se puede ganar "distrayendo a la gente". "Hay que ir justo donde hay que ir y la democracia tiene instrumentos", ha sentenciado aludiendo a la necesidad que según él tiene el Ejecutivo de aplicar el artículo 155 de la Constitución. "¿Alguien hubiera aceptado que en el 81 se hubiera establecido un diálogo entre el Gobierno y el teniente coronel Tejero?", ha cuestionado.
Hasta el momento, se ha reprobado en el Congreso a dos ministros del Gobierno de Rajoy: Rafael Catalá, titular de Justicia, por su actuación durante la investigación de casos judiciales contra el PP, y Cristóbal Montoro, responsable de Hacienda, por la amnistía fiscal de 2012 que el Tribunal Constitucional (TC) declaró posteriormente inconstitucional.
La reprobación de un miembro del Gobierno por el Congreso supone una censura política a su gestión, en el caso de Sáenz de Santamaría por las cargas policiales durante la jornada del 1 de octubre en Cataluña, pero no tiene efectos jurídicos porque la competencia para nombrar y destituir a los ministros es exclusiva del jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy.
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