El 155 se aplica por una secesión con "desobediencia rebelde y sistemática"

El Gobierno ha preparado un documento de once folios en los que motiva la aplicación del artículo 155 de la Constitución en el hecho de que la Generalitat de Cataluña ha puesto en marcha una secesión "con desobediencia rebelde y sistemática", que afecta de manera "grave" al interés general de España. Además, y tras constatar el "incumplimiento manifiesto, contumaz y deliberado" de los preceptos legales y de los pronunciamientos y requerimientos del Tribunal Constitucional, el Gobierno alega la necesidad de aplicar esta herramienta legal de la Constitución con el fin de: restaurar la legalidad, asegurar la neutralidad institucional, mantener el bienestar social y el crecimiento económico y asegurar los derechos y las libertades de todos los catalanes.

Esos son los cuatro "grandes objetivos" que amparan, según el Ejecutivo, la aplicación de este procedimiento que se plantea "de forma garantista", persiguiendo en todo caso "asegurar derechos y no restringir libertades".

En este documento, el Gobierno también acude a la doctrina del Tribunal Constitucional, que en una sentencia del año 2014 dice que el artículo 155 "opera como medida de último recurso del Estado ante una situación de incumplimiento, manifiesto y contumaz, deliberado o negligente de una determinada comunidad autónoma, que no ha adoptado, primero por propia iniciativa y luego a instancias del Estado, las medidas oportunas para corregir la desviación en la que ha incurrido".

En otra sentencia de 1981, que cita este texto, el alto tribunal califica el artículo 155 como uno de los preceptos constitucionales "consecuencia del principio de unidad y de supremacía del interés de la nación". En otra parte del documento del Ejecutivo se explica "que las pretensiones secesionistas están motivando ya un serio deterioro del bienestar social y económico en Cataluña", habiéndose provocado "una progresiva fractura y se han puesto en riesgo las condiciones para el crecimiento económico".

En este sentido, cita el traslado de domicilios sociales de importantes empresas catalanas, el daño a la actividad turística y, en el ámbito industrial, una disminución en el número de pedidos de automóviles, mientras que en el comercio interior se observa una bajada de las ventas en grandes superficies.