Poco después de la admisión a trámite de la querella contra Carme Forcadell y el resto de la Mesa del Parlament de Catalunya, el juez Pablo Llarena ha decidido llamar a declarar a todos en calidad de imputados para los días 2 y 3 de noviembre de esta semana. Según la SER, tras varias horas estudiando la querella interpuesta esta mañana por la Fiscalía, la sala de admisiones había decidido declararse competente para investigar el caso y designado a Pablo Llarena, expresidente de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, como magistrado instructor.
En su providencia de citación, el juez especifica que deben acudir acompañados de su defensa letrada al comparecer en calidad de investigados, pero no hace ninguna advertencia sobre, por ejemplo y como pedía la Fiscalía, las posibles consecuencias de no presentarse o directamente ordenar su detención.
Los jueces, a la hora de admitir a trámite la querella, explican que, tal y como pidió la Fiscalía, la causa se abre por posibles delitos de rebelión, sedición y malversación, aunque especificando que "será a lo largo de la instrucción cuando los hechos imputados, a la vista de las diligencias de investigación acordadas por el instructor confirmen o desmientan su realidad". También dejan en manos de Llarena la posibilidad de reclamar para sí otras investigaciones judiciales abiertas en torno al proceso independentista, por ejemplo en la Audiencia Nacional o en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.
Recuerdan además a este respecto que "el proceso penal es de cristalización progresiva", y explican que hay más vías: podría constituir un delito de rebelión pero también el de conspiración para la rebelión, "delito en el que, por definición, los elementos del tipo proyectado no llegan a tener realidad, al no superar los conspiradores la fase propiamente preparatoria", explican.
Los cinco jueces llevaban reunidos desde primera hora de la mañana después de haber analizado la querella por separado durante todo el día de ayer. Una querella de más de cien páginas que describe de forma cronológica todas las actuaciones tanto del Govern destituido como de la también destituida Mesa del Parlamentdesde noviembre de 2015 hasta la actualidad, acusando a todos de haber trazado un plan con la independencia como objetivo, desoyendo las continuas advertencias del Tribunal Constitucional.
En cuanto a la competencia, los jueces de la sala segunda hacen suyos los argumentos de la Fiscalía y explican que tanto el aforamiento que mantienen los acusados como miembros de la Diputación Permanente del Parlament como la posibilidad de que sus actuaciones hayan tenido proyección más allá del territorio catalán justifica la competencia del Tribunal Supremo.
Ahora será el instructor el que decida qué diligencias poner en marcha además de las declaraciones que ya ha acordado: entre otras, la Fiscalía solicitaba tomar declaración a los querellados, que testificase el resto de miembros de la Mesa y el Letrado Mayor del Parlament, que se aportase la documentación relativa a todos los acuerdos adoptados por la cámara y relacionados con el proceso soberanista y también hacerse con la investigación abierta a Forcadell en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya por tramitar la anulada Ley de Referéndum.
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