Oriol Junqueras, el exconseller Joaquim Forn y ;los Jordis; seguirán en prisión

Oriol Junqueras empezará la campaña electoral entre rejas. El juez Pablo Llarena, del Tribunal Supremo, ha decidido mantenerle en prisión provisional junto con el exconseller de interior, Joaquim Forn, a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. informa la Cadena SER. Al resto de exconsellers les impone una fianza de 100.000 euros para salir de prisión: "El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones impuestas conllevaría su inmediato ingreso en prisión", advierte el juez.

El juez explica en su auto, con respecto al exvicepresident y los otros tres a los que mantiene en prisión, que “sus aportaciones están directamente vinculadas a una explosión violenta que, de reiterarse, no deja margen de corrección o de satisfacción a quienes se vean alcanzados por ella”, destacando entre estos hechos violentos los altercados del 20 de septiembre en la Consellería de Economía en Barcelona. En ellos existe un riesgo de reiteración delictiva que “refleja la probabilidad de que puedan reproducirse actos con graves, inmediatas e irreparables consecuencias para la comunidad”.

En cuanto al resto de imputados, el juez abre la puerta a que salgan de prisión si pagan una fianza de 100.000 euros: son Raül Romeva, Jordi Turul, Carles Mundó, Josep Rull, Dolors Bassa y Meritxell Borràs. Cuando paguen la fianza y queden en libertad, tendrán que comparecer semanalmente en el juzgado más cercano a su domicilio y tendrán también prohibido abandonar el país, retirándoseles el pasaporte. En su caso, el magistrado entiende que no hay un riesgo real de fuga, tal y como sucedió, explica, en el caso de Forcadell y los miembros de la Mesa del Parlament, equiparando su papel y poniendo encima de la mesa su "profundo arraigo personal, laboral y social" así como que siempre han comparecido cuando han sido llamados.

Es la decisión que ha tomado el juez Llarena, recurrible ante la sala de lo penal del alto tribunal, después de escuchar el pasado viernes las explicaciones de los diez imputados: la Fiscalía había pedido mantener a todos entre rejas por entender que el riesgo de fuga y reiteración delicitiva, así como el de destrucción de pruebas, persistían. No apreció el Ministerio Público "ni un atistbo de sometimiento a la Constitución" en sus alegatos.