La sindicalista de CIG, Carmen Aira, ha tenido que abonar tres mil euros a los inquilinos a los que había alquilado su vivienda para poder recuperarla. Según relata, todo comenzó a finales de octubre, cuando una mujer de nacionalidad rumana contactó con la lucense para arrendar el piso, en el barrio de A Cheda de la capital lucense. La propietaria asegura que en diciembre, cuando ya llevaban dos meses viviendo en el domicilio, no le pagaron las cuotas correspondientes, por lo que empezó a sospechar. A esto añade que "hicieron un consumo exagerado de calefacción, de más de cuatrocientos euros mensuales, tenían las ventanas abiertas de par en par" e imagina que iban descalzos y en camiseta de tirantes por el piso. Una estrategia de chantaje, indica, "para que les pagara por que se fueran y no siguieran haciendo ese tipo de gasto".
La SER cuenta que Aira calcula que esta estafa le ha ocasionado sobre "siete mil euros de pérdidas", entre impagos, recibos, costes de abogados, notarios y demás cuestiones. La afectada recalca que "hace pública su historia con el fin de que los vecinos de Lugo estén avisados", porque conoce "algún caso más, en el que el propietario tuvo que abonar un importe, por lo que se sospecha que pueda tratarse de los mismos individuos". "Parece que estas cosas no van a pasar en Lugo, porque no estamos acostumbrados a esto, pero hay más casos y hay que darse cuenta de que la ciudad ya entró en los problemas de las grandes urbes", declara.
En un primer momento Carmen Aira había arrendado el piso, con el contrato y fianza correspondientes a una mujer, pero luego confirma que llegaron a vivir en él varias familias con niños. "Si decidí alquilarle el piso fue porque siguiendo mi ideología y el trabajo sindical que desarrollo, no debería participar en conductas prejuiciosas y xenófobas, por lo que en base a eso decidí darles la oportunidad, pero perdí yo las mías", explica.
Con todo, la sindicalista concreta que aunque el piso quedó en bastantes buenas condiciones, está deteriorado, con desperfectos dice "inexplicables" como surcos en la mesa de mármol de la cocina y en el suelo de la vivienda, por lo que sospecha que los menores andaban con los patinetes por la casa.
En este momento tiene inquilinos en la vivienda para evitar que se sucedan más problemas de este tipo y que la casa pueda ser ocupada ilegalmente.
En todo el proceso, la lucense manifiesta haberse sentido "totalmente abandonada" por parte de las administraciones, porque desde que se modificó la Ley, desahuciar a un inquilino que no paga el primer mes puede ser rápido, pero, tal y como me dijo la mujer que me estafó, puede suponer seis meses, que a razón de setecientos euros al mes de gasto sumado a lo que el propietario deja de ingresar por alquilar, es mucho dinero", lamenta finalmente.
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