El Gobierno asume la exhumación de los desaparecidos de la Guerra Civil

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha anunciado este miércoles en el Congreso una futura reforma integral de la Ley de Memoria Histórica, así como la elaboración de planes de búsqueda de desaparecidos, un censo de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura y programas de exhumación. Además, ha adelantado que su departamento va a estudiar la manera de llevar a cabo la "ilegalización de aquellas asociaciones u organizaciones que hagan apología del franquismo", como la Fundación Francisco Franco.

"Es nuestra intención y nuestro compromiso asegurar el acceso a la verdad mediante los mecanismos adecuados y eficaces que garanticen el derecho a la reparación de las víctimas del franquismo y la obtención de las adecuadas garantías de no repetición", ha afirmado Delgado en su primera comparecencia en el Congreso.

Por este motivo, el Ministerio de Justicia ha creado una nueva Dirección General para la Memoria Histórica que, liderada por el catedrático almeriense Fernando Martínez, se encargará de establecer "planes de búsqueda de desaparecidos" y contará con "expertos en materias relacionadas con el Derecho, la Arqueología y la Antropología Forense, así como representantes de asociaciones memorialistas y de familiares de víctimas y cualquier otra persona destacada en materia de Memoria Histórica".

Esta dirección general hará públicos los datos de exhumación anual, el número de personas localizadas, la cifra de peticiones registradas y el número de prospecciones sin resultado positivo para su posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) o en el boletín oficial de la comunidad autónoma donde se haya realizado la exhumación. También procederá a la publicación de un censo oficial de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.

Delgado ha recordado las "reclamaciones que sistemáticamente viene realizando Naciones Unidas al Gobierno español para que lidere las exhumaciones y cubra los déficits de verdad y de justicia", algo que, en su opinión, el Ejecutivo está "moralmente obligado" a hacer. "Es inaceptable que España siga siendo el segundo país en el mundo en número de desaparecidos después de Camboya", ha apuntado.

"No puede ser que personas que más de 90 años se desesperen intentando recuperar los restos de sus padres, de sus familiares, ante la negativa de un juez o la arbitrariedad de un ayuntamiento. No puede ser que las víctimas tengan que acudir a otro país para poner en marcha un procedimiento que debería ser atendido en España en respuesta a la petición de justicia de obligado cumplimiento por nuestros tribunales. No puede ser que haya miles de víctimas aquejadas de indefensión judicial", ha resaltado.

Nulidad de los tribunales de excepción franquistas
Tras subrayar que la Ley de Memoria Histórica de 2007 ha de ser actualizada, la ministra ha adelantado que el Gobierno pondrá en marcha una reforma integral que irá en línea a lo expuesto en la proposición de ley que presentó el PSOE en la oposición y que fue rechazada por el entonces Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Según la ministra, esta reforma tendrá como objetivo "declarar la nulidad de los tribunales de excepción franquistas y sus fallos y sentencias, impulsar desde lo público las exhumaciones, crear una comisión de la verdad, resignificar el Valle de los Caídos en los términos recomendados por la Comisión de Expertos que estudió el asunto en 2011, retirar la simbología de exaltación de la Guerra Civil y la dictadura, con un procedimiento tasado con sanciones económicas para el caso de incumplimiento y reforzar el acceso a archivos".

Además de ello, ha remarcado Delgado, el Ejecutivo se propone reabrir la Oficina de Apoyo a las Víctimas del Franquismo y estudiará la manera de llevar a cabo la ilegalización de aquellas asociaciones u organizaciones que hagan apología del franquismo.

"No se trata de la calificación de las víctimas de un lado o de otro, es algo diferente. Se trata de cumplir con los principios básicos del Derecho Humanitario, del Derecho Internacional y de los Derechos Humanos. Y algo mucho más próximo: de cumplir la ley y, en su falta, definir los mecanismos que la complementen", ha dicho.

"Nos humilla como pueblo"
Y es que, según ha manifestado Delgado, "España no puede seguir siendo el país al que se identifica en foros internacionales como uno de los mayores incumplidores de las resoluciones de esa categoría que se refiere a violadores de Derechos Humanos y al derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición".

"Esta es la realidad. Seguimos dando vueltas a las mismas cuestiones y van pasando los años y las víctimas desapareciendo sin que 80 años después y, contando el Estado con todos los medios, seamos capaces de definir la hoja de ruta para poner fin a esta lacerante indefensión que nos humilla a todos como pueblo", ha afirmado.