El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, declaró este lunes en la ciudad belga de Waterloo que si el Gobierno de España finalmente paga la defensa jurídica de un ciudadano “particular” sentaría “un precedente gravísimo”, en referencia al anuncio del Ejecutivo de que defenderá al juez del Tribunal Supremo que investiga el ‘procés’, Pablo Llarena. La demanda civil en contra del magistrado fue presentada en Bélgica por Puigdemont y los exconsejeros en ese país.
Tras reunirse en un hotel de Waterloo con el actual presidente de la Generalitat, Quim Torra, Puigdemont aseguró a los medios que “hay cierta confusión sobre si el Gobierno ha contratado o no un despacho de abogados en Bélgica para defender a Llarena”, tras la publicación de un comunicado de prensa por parte de La Moncloa. Habrá que esperar hasta el día 4 para conocer si el abogado de Llarena finalmente es enviado por el Ejecutivo español.
Reivindicaciones
Aprovechando este comunicado conjunto, tanto el expresidente como el actual mandatario al frente del Gobierno catalán solicitaron al Gobierno español un “proyecto político para Cataluña”: “Necesitamos comenzar a ver ya no la fotografía y retóricas amables, necesitamos ver hechos. Pedimos la máxima inteligencia política y que Sánchez, con hechos y no como hasta ahora, nos explique cuál es su proyecto”, exigía Torra.
Sobre esta cuestión, también se pronunció Puigdemont, que cree que “si el presidente español lee bien la realidad es que hay mucha gente en Cataluña que quiere ser respetada como lo que quiere ser”. El presidente del Govern defendió, asimismo, “su autonomía” para tomar decisiones, aunque reconocía la importancia que tienen para él las opiniones de Puigdemont y de los exconsejeros “en el exilio y en prisión”.
En el encuentro intercambiaron ideas sobre la estrategia del independentismo en los próximos meses, con fechas señaladas como la Diada del día 11 o el 1 de octubre.
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