Su lucha por la sanidad universal y contra la violencia infantil

Poco más de tres meses ha durado en el cargo como ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, quien llegaba al ministerio con el objetivo de "poner en el centro" de sus políticas "a las personas", con la experiencia que le daba haber sido durante tres años consejera de Sanidad Universal y Salud Publica de la Comunidad Valenciana.

Montón, la segunda ministra de Pedro Sánchez que abandona el Gobierno antes de tiempo -Màxim Huerta, renunció a ser ministro de Cultura horas después de ser nombrado-, al presentar su dimisión tras la información publicada por 'eldiario.es' en la que señala que se cometieron irregularidades en la realización del Máster en Estudios Interdisciplinares de Género, que realizó en el curso 2010/201 en el Instituto de Derecho Público (IDP) de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid, clausurado tras el 'caso Cristina Cifuentes'. Además, La Sexta ha informado este martes de que el El TFM de Montón contiene textos idénticos a los de otros autores.

En materia de Sanidad, en estos tres meses la ya ex ministra ha sacado adelante una de las promesas asumidas desde su juramento como parte del Gobierno, la recuperación de la Sanidad Universal mediante un Real Decreto, aprobado por el Consejo de Ministerios el pasado mes de julio y convalidado por el Congreso el pasado jueves, y por el que se establece que todas las personas que residen en España, con independencia de su situación administrativa, puedan ser atendidas en el sistema sanitario.

Sobre la mesa, para su sucesor queda pendiente la eliminación del copago farmacéutico a los pensionistas, en la 'hoja de ruta' del Gobierno y que para Montón era el siguiente punto de su agenda. El pasado fin de semana, afirmaba que con la aprobación de los PGE de 2019 el Gobierno podría acabar con el copago para los pensionistas y, así, "recuperar" uno de los "derechos arrebatados" en la anterior etapa de gobierno del PP.

Además, aunque con tiempo, estaba comprometida a afrontar la futura ley contra el consumo de alcohol en menores; diseñar una Estrategia Nacional de Salud Mental y un plan integral de prevención del suicidio; regular la muerte asistida, con la posibilidad de abrir el debate de la eutanasia; dar un paso más en el control de la homeopatía, y regular el uso, autorización e indicación de medicamentos por parte de los enfermeros, cuya aprobación estaba comprometida para este otoño.

Entre los temas que Montón deja pendientes en el ámbito social, destaca la comprometida Ley de Protección Integral frente a la Violencia contra la Infancia. La ministra anunció el viernes 7 de septiembre que se abría el periodo de consultas sobre el texto y avanzó que recogería el abuso sexual, la violencia a través de redes sociales y un registro unificado de víctimas pero no concretó otros detalles, como la financiación porque, según aseguró, la tramitación está en una fase muy incipiente. De hecho, calculó que el texto no llegaría al Congreso antes del segundo trimestre de 2019.

Además, Montón ha tenido que lidiar con la problemática de los menores extranjeros no acompañados que han llegado a España este año, unos 10.000, según estimaciones del Gobierno. Se reunió con las comunidades autónomas la semana pasada y les prometió el reparto de 40 millones para la atención de estos menores entre las autonomías que accedan de forma voluntaria a solidaridarse con las regiones que asumen mayor peso en esta atención: Andalucía, Ceuta, Melilla Madrid y País Vasco.

Una de las primeras acciones que llevo a cabo Montón fue acordar con las comunidades autónomas trabajar en un nuevo modelo de reparto de los fondos recaudados a través de la casilla de Fines Sociales del IRPF, en el que se introducirá la tasa AROPE de pobreza como uno de los nuevos criterios para el reparto de los fondos entre las comunidades.