El Gobierno delega al Consejo de Estado la reforma de los aforamientos

El Gobierno acordaba ayer pedir al Consejo de Estado que ahora preside María Teresa Fernández de la Vega la reforma de la Constitución para acotar el aforamiento de los miembros del Gobierno, diputados y senadores al “estricto ejercicio” de sus funciones como cargo público, excluyendo “los delitos de corrupción”.

Así lo comunicaba la portavoz del Ejecutivo y ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que explicó que esta reforma que busca el Ejecutivo persigue avanzar en la “mejora de la calidad democrática” haciendo que el fuero del que disfrutan en la actualidad los miembros del Ejecutivo y de las Cortes deje de considerarse “un privilegio”.

Alcance de la reforma

Con la petición de este informe al Consejo de Estado, preceptivo pero no vinculante, el Gobierno inició el procedimiento para modificar los artículos 71.3 y 102.1 de la Carta Magna, que son los que hacen referencia al fuero de los miembros del Gobierno, diputados y senadores, que consiste en que el tribunal competente para investigarles es el Tribunal Supremo.

A diferencia de lo que el Gobierno dio a entender esta semana desde que el lunes pasado el jefe del Ejecutivo anunciara que presentaría una propuesta para “eliminar los aforamientos”, este viernes el Gobierno no dio luz verde a su propuesta de anteproyecto de ley, sino que le ha encargado una primera redacción al Consejo de Estado.

Justificación

La portavoz argumentó que pedir un informe con carácter previo al Consejo de Estado servirá para que desde el principio este órgano asesor “pueda contribuir a la calidad normativa del texto”. Además, cree que hacerlo así puede favorecer el consenso con otras fuerzas políticas.

Celaá no habló, sin embargo, de plazos para que el Consejo de Estado elabore su propuesta y tan sólo se limitó a señalar que el Gobierno espera que el proyecto de ley, una vez llegue al Parlamento, pueda ser tramitado y aprobado en el plazo de 60 días. 

Próximos pasos 

En el acuerdo que el Gobierno remitirá al Consejo de Estado se incluyen, según Celaá, “los objetivos y directrices de la reforma constitucional” que pretende el Gobierno. 

La portavoz recordó que reduciendo el alcance de los aforamientos de los políticos quieren acercar a España al resto de los países de la UE, donde la tónica habitual es que sólo los miembros del Gobierno estén aforados para aquellas actuaciones que se derivan del desempeño de su función.

A pesar de las críticas que partidos como el PP y Podemos han ido presentando a lo largo de la semana, Celaá confía en que el Gobierno presenta esta reforma “con el convencimiento de que la va a sacar adelante”.

En este sentido explicó que “pretendemos una redacción que no permita al legislador ampliar el alcance del aforamiento penal”. El Gobierno solicitó, además, que el Consejo de Estado se pronuncie sobre aquellas disposiciones transitorias que considere que se han de incluir en la reforma de la Constitución que persigue mejorar la calidad democrática.