PP y Cs fijan sus promesas para el Gobierno andaluz

El PP andaluz y Ciudadanos han acordado las primeras 21 medidas que pondrán en marcha en los cien primeros días de un gobierno que regentarán sendos partidos en Andalucía. Una de sus propuestas contempla la reforma del Estatuto de Autonomía para la supresión de los aforamientos, así como separar de manera inmediata a los cargos públicos “que hayan sido o sean imputados formalmente por delitos de corrupción, hasta la decisión definitiva del órgano judicial”, sin olvidar la puesta en marcha de un proyecto de ley de “despolitización” de la Junta.

El documento

En las seis páginas del texto consultado por Europa Press, también acuerdan poner en marcha una auditoría integral de todo el gasto de la Junta; un decreto ley para centralizar la dirección, supervisión y evaluación de todas las entidades dispersas de la Administración paralela; crear una comisión de investigación sobre la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), y limitar a ocho años del mandato del presidente del Ejecutivo andaluz y de los consejeros. 

En clave económica, se recogen medidas destinadas a la puesta en marcha de un grupo de trabajo para definir una estrategia de simplificación normativa y administrativa de Andalucía al fin de reducir las trabas burocráticas y facilitar el emprendimiento; la ampliación a 24 meses de la tarifa plana a 50 euros para los nuevos autónomos y emprendedores, y la implantación de una tarifa reducida de 30 euros para  menores de 25 años y mujeres en el ámbito rural.

Junto a ello, PP-A y Cs se comprometen a aprobar un plan de choque para mejorar la calidad de la sanidad pública andaluza y la reducción efectiva de las listas de espera, apostando por la transparencia y la despolitización del Servicio Andaluz de Salud “para que sea liderado y gestionado por los mejores profesionales, acabando con los nombramientos a dedo”.

Otros compromisos   

Por último, Juntos pretenden aprobar un proyecto de ley integral de apoyo a las familias andaluzas que incluya un incremento en la cobertura de la educación infantil de cero a tres años; un plan para la mejora de la gestión de la política migratoria en la Comunidad Autónoma e impulsar un gran acuerdo contra la violencia de género.