La factura millonaria de los disturbios en Cataluña: cuánto cuestan y quién paga

La factura engorda imparable en Cataluña por las revueltas de los violentos tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo. El coste total real es difícil de cuantificar, pues a las estimaciones por objetos destruidos se añaden las operaciones comerciales que han dejado de realizarse en todos los sectores y el precio que pagará la imagen de la ciudad como lugar de referencia para el turismo y los congresos profesionales, destaca la Cadena SER.

Solo contando los vuelos cancelados y los contenedores y coches quemados, el coste de los destrozos en Barcelona supera ampliamente los 7 millones de euros. A estos habría que añadir los de otras ciudades catalanas que, aunque de menor magnitud, también han experimentado episodios violentos.

Más de 2 millones en mobiliario urbano

1.000 contenedores de basura han ardido en las calles de Barcelona en estos días. Solo en la noche del viernes, los radicales quemaron otros 300. Si a ellos se añaden los semáforos afectados, las señales derribadas, el pavimento dañado por el fuego o el adoquinado levantado por los violentos, e incluso el servicio municipal de bicicletas, la factura se dispara. Únicamente en contenedores habrá que gastar más de dos millones de euros, según ha señalado el Ayuntamiento de Barcelona.

El balance es provisional, porque aunque cuantificar el precio de reponer los contenedores no es una tarea compleja, todavía no podemos saber con certeza la inversión que requerirá el pavimento dañado o las aceras cuyos adoquines han sido arrancados. Es decir, la cifra podría crecer.

La noche de disturbios del jueves necesitó del trabajo de 40 equipos de limpieza y 76 intervenciones del equipo de bomberos, de acuerdo con el informe de gastos preliminar del consistorio. La del viernes superó esos números: 60 equipos de limpieza y 140 trabajadores durante la noche y otros 150 equipos con 210 efectivos para tareas de limpieza a lo largo de todo el día.

En Lleida la factura llegaba ya el jueves a los 80.000 euros, y en Tarragona a 150.000. Girona también ha visto arder parte importante de su mobiliario urbano, especialmente los contenedores.

El fuego ha alcanzado estos días a, al menos, doce vehículos que estaban aparcados en las calles de Barcelona. El coste aproximado, tomando en cuenta los datos vigentes hasta el viernes, es superior a los 200.000 euros y todavía podría aumentar tras más noches de altercados.

Medio centenar de vuelos cancelados el viernes

El jueves fueron 36, el viernes medio centenar los vuelos cancelados con origen o destino en Barcelona, el sábado otros 58. Con una estimación de unos 30.000 euros por vuelo, el viernes costó millón y medio; el sábado 1.740.000 euros. En total, las cancelaciones provocadas por las protestas han impuesto ya pérdidas por valor de más de siete millones de euros, según los cálculos del jefe de Economía de la SER, Javier Ruiz.

Quienes no han podido volar tendrán que acudir a su aerolínea para reclamar otro billete, aunque Iberia ha aclarado que solo será así para aquellos que adquirieran su pasaje a través de la web de la aerolínea o sus asociadas. Si compró el billete a través de una agencia, el afectado tendrá que dirigirse a ella.

El comercio, el turismo y la industria

La actividad de la ciudad ha estado marcada por la agitación durante la última semana. Las llamadas Marxes per la Llibertat recorrieron Cataluña durante tres días hasta ingresar en Barcelona y, aunque lo hicieron en un clima completamente pacífico, a su paso provocaron el corte de varias carreteras. La planta de SEAT en Martorell se vio obligada a suspender la producción desde la tarde del jueves y durante todo el viernes ante las dificultades para que sus operarios pudieran presentarse en sus puestos de trabajo.

Contando solo esa jornada y media sin trabajar, la fábrica dejó de producir unos 3.500 coches. La planta crea cada día unos 2.200 vehículos. La compañía, sin embargo, confía en poder recuperar el volumen de producción perdido de aquí a final de año.

Aunque la vida diurna no ha sufrido alteraciones tan graves como las producidas al caer las noches, la actividad del comercio en las zonas conflictivas también se ha resentido. El temor a verse envuelto en disturbios ha provocado que se redujera el número de personas, especialmente turistas, dispuestos a salir y hacer sus compras. "He vendido un 80% menos que un día normal" protestaba hace unos días el propietario en un pequeño comercio de la zona centro. Todavía no disponemos de cifras agregadas para saber cuánto habrán estiman haber dejado de ingresar a lo largo de estos días en conjunto de los comerciantes.

Barcelona es sin duda una referencia para el turismo mundial. También para los congresos de más prestigio del planeta, como el afamado Mobile World Congress. En lo que llevamos se ha recibido más de ocho millones de turistas y las pernoctaciones en hoteles han crecido sin parar en los últimos años. Pero el posible miedo de los turistas es el miedo de hoteleros. Los dos primeros días de protestas ya hicieron caer notablemente las reservas de viajes del Imserso. Lo mismo ocurrió tras el 1 de octubre, cuando según los cálculos la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), Cataluña perdió de 319 millones de ingresos turísticos en comparación ocn el año anterior.

¿Quién paga mi coche si ha ardido? ¿Y todos los destrozos? ¿Quiénes han protestado ya?

A priori, si nuestro coche se ha quemado dependeremos del tipo de póliza que hayamos contratado. No habrá problema en el caso de los seguros a todo riesgo, pero sí en los que no cumplan este requisito. Sin embargo, las especiales circunstancias en que se han producido los daños abren otra puerta al asegurado independientemente de la póliza que tuviera contratada, la del Consorcio de Consorcio de Compensación de Seguros.

Pese a que todavía no está claro si será el Consorcio quien se encargue de estos costes, todo apunta a que podría ser así. Este organismo, dependiente del Ministerio de Economía, asume el coste de los llamados riesgos extraordinarios, que son los derivados de hechos como catástrofes naturales o terrorismo. Para que el Consorcio entre en juego habrán de cumplirse dos puntos: el afectado debe tener contratado algún tipo de seguro y los altercados deben ser considerados "tumulto popular" por los técnicos del Consorcio. 

La calificación de tumulto popular se emplea en la normativa española para definir los actos en grupo que van contra la paz pública o producen una alteración del orden causando daños a terceros. El Consorcio se haría cargo así de los vehículos destruidos. El dinero de este órgano público sale del bolsillo de todos aquellos que contratan un seguro, que pagan un recargo destinado a las arcas del Consorcio.

Acciones contra los radicales que destruyeron la ciudad

En un primer momento será seguramente el Ayuntamiento quien deba hacerse cargo de los gastos inmediatos. La reposición, por ejemplo, de los contenedores, una tarea que requiere de celeridad, no podrá esperar a otros pleitos. Pero la legislación española tipifica como delito la destrucción de los bienes públicos y obliga a quien los cause a hacerse cargo de ellos. El Ayuntamiento podrá exigir una compensación, aunque es cierto que muchos de los responsables no han sido identificados. Otra posibilidad, señalan algunos expertos, es también la vía ya mencionada del Consorcio de Compensación de Seguros, que cargaría el coste del mobiliario urbano sobre quienes contribuyen a sus fondos: todos los que tienen contratado algún seguro.

Peticiones al Ayuntamiento, reproches a la Generalitat

Algunas asociaciones ya han comenzado a moverse para reclamar en diferentes ventanillas una indemnización por el daño sufrido. La entidad Convivencia Cívica Catalana anunció el viernes que impulsará una demanda colectiva de empresarios contra la Generalitat por los desperfectos que han sufrido en sus negocios. Convivencia Cívica Catalana culpa al miembros del Govern de haber alimentado las protestas y, por tanto, ser copartícipes de la destrucción resultante.

También el Gremi de Restauració de Barcelona, propietarios de bares y restaurantes, ha reclamado al Ayuntamiento que se persone como acusación popular en todas las causas que se inicien con motivo de los disturbios. Desde esa posición, el Ayuntamiento podría realizar actuaciones procesales en defensa de los intereses de estos empresarios que han visto desplomarse el consumo en los últimos días.

El último de los costes es también el más importante: el humano. Casi 600 heridos, 18 personas aún ingresadas, una de ellas en estado muy grave, ocho más en estado grave. En muchos casos requirieron de la atención y los gastos de la sanidad pública.