El Gobierno avanza en la aprobación de la Ley Rhodes contra el abuso de menores

El Gobierno de Pedro Sánchez quiere retomar su agenda política establecida antes de que el Estado de Alarma paralizase todos los proyectos en marcha y entre ellos se encuentra la 'Ley Rhodes'. Un anteproyecto de Ley orgánica de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

Se trata de la ley estrella de Pablo Iglesias, la que bautizó mediáticamente como 'Ley Rhodes', como reconocimiento al compromiso del pianista británico en la denuncia de los abusos sexuales a menores. Sin embargo, el anteproyecto al que ha tenido acceso la Cadena SER es muy similar al que aprobó en diciembre de 2018 el primer gobierno de Pedro Sánchez. Tiene incluso el mismo número de artículos, 57 y  es una ley que dejó hecha la exministra de Sanidad María Luisa Carcedo.

Se trata de una ley que recoge medidas de prevención, concienciación y protección en todos los ámbitos, en la familia, en la escuela, en el ocio y en el deporte, y cuyo anteproyecto se aprobará el próximo martes 9 de junio en Consejo de Ministros.

En cuanto al contenido, una de las claves del texto es intentar acabar con la impunidad de abusadores y violadores. Para ello elevará el plazo de prescripción de los delitos sexuales hasta que la víctima cumpla los 30 años y no los 18 como es en la actualidad. Y es que muchas víctimas, por miedo o por vergüenza, tardan años en dar el paso y cuando lo hacían, ya era tarde.

En este sentido, las ONG dedicadas a la defensa de la infancia consideran la ampliación del plazo de prescripción un importante paso en la materia, aunque muchas defienden que debería ser hasta que la víctima cumpla los 50 años o incluso que no exista dicha prescripción.

Por otra parte, la ley endurece además las condiciones para que los agresores accedan a los permisos penitenciarios. Otro aspecto importante es que el anteproyecto establece el deber de todo ciudadano de comunicar las sospechas e indicios de delitos de violencia contra los menores e incluye un nuevo catálogo de delitos cometidos a través de Internet como la incitación al suicidio o la promoción de trastornos alimenticios.

Asimismo, los centros escolares tendrán que contar con protocolos para la prevención del acoso y se creará la figura del coordinador de bienestar y protección en las escuelas. Protocolos obligatorios también en los centros de menores para detectar casos de explotación sexual y de trata como los que se han descubierto recientemente en Mallorca con víctimas menores de edad.

El documento crea unidades especializadas en violencia sobre los menores en las Fuerzas y Cuerpos del Estado. Y hace referencia al derecho de los menores a una educación afectiva sexual y a su identidad de género.