El aviso de la Junta sobre la tercera dosis para menores de 40 años

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha demandado al Gobierno que envíe a la región más vacunas contra el coronavirus porque esta comunidad no puede esperar "hasta marzo" para empezar a suministrar la tercera dosis a los menores de 40 años.

"Andalucía está preparada ya para vacunar con la tercera dosis a todos los sectores de la población que quedan por hacerlo, pero para ello el Gobierno tiene que mandar más vacunas", según ha indicado Elías Bendodo, en una entrevista con Europa Press.

Ha señalado que Andalucía no puede perder el ritmo de vacunación que ha llevado hasta ahora y que supone que hoy sea la comunidad de España que más vacunas ha puesto en España, con más de 15 millones. Ha apuntado además que hoy son menos de 450.000 andaluces los que quedan por vacunarse de doce años en adelante porque, por el motivo que sea, han decidido no hacerlo.

Bendodo ha señalado que al Gobierno andaluz le ha sorprendido "el efecto llamada para la vacunación que ha supuesto el pasaporte Covid, por encima de la responsabilidad personal de evitar contagiarse o contagiar a un familiar": "Ha tenido más efecto la implantación del pasaporte Covid para llamar a los vacunados que el ejercicio de responsabilidad personal para no contagiarse o contagiar a un familiar cercano, lo que nos debería llevar a una reflexión como sociedad".

El consejero ha manifestado que en esta sexta ola de la pandemia, distinta a las anteriores, estamos viendo, como consecuencia de la nueva cepa ómicron, una multiplicación de los contagios, pero, hasta este momento, no se está traduciendo en una presión hospitalaria similar a la que hubo en la tercera ola. Ha indicado que ello se debe a que la vacuna está funcionando, porque si bien no evita los contagios, sí evita una evolución grave de la enfermedad y, por tanto, evita ingresos, UCI y fallecimientos.

Restricciones

Elías Bendodo ha indicado que hay que compaginar la convivencia con el virus con que la actividad económica se mantenga, porque "demasiado daño se le ha hecho ya a distintos sectores, como la hostelería, la restauración y el ocio como para volver a tomar medidas drásticas".

Ha manifestado que, en cualquier caso, la adopción de posibles medidas va a depender de la evolución de los contagios y de la presión hospitalaria de las próximas semanas, que será lo que marque el nivel "de restricciones que se puedan acometer".

Ha expuesto que a día de hoy lo que hace el Gobierno andaluz es un llamamiento a la responsabilidad individual de todos los andaluces para evitar medidas grandes de restricción. "Se podrán evitar esas medidas si todos asumimos una pequeña responsabilidad en lo que se refiere al autocuidado, como la mascarilla permanente, lavado de manos, mantenimiento de la distancia, evitar aglomeraciones y aislarse si se tienen algún síntoma. Se trata de pequeñas medidas que pueden evitar grandes medidas", según ha recalcado Bendodo.

Sobre las "tensiones" que se viven actualmente en la sanidad pública andaluza, especialmente en la atención primaria, ha indicado que el Gobierno andaluz, en estos tres años, ha contratado a más de 25.000 profesionales sanitarios, mientras que sólo para afrontar la pandemia se contrataron a 20.000, de los que se ha renovado contrato a 12.000. Ha indicado que la Junta está dispuesta a contratar al personal que sea necesario, pero para ello se necesita que el Gobierno central articule un nuevo fondo Covid para 2022 y que se decidió retirar a las comunidades.

En este sentido, ha recordado que Andalucía ha dejado de contar con mil millones de euros a través de ese fondo Covid, cuando el 40 por ciento del gasto Covid es estructural en las comunidades y eso ya se tiene que afrontar desde las administraciones autonómicas "a pulmón", sin que llegue dinero del Ejecutivo nacional.

Respecto a las críticas del PSOE-A hacia la Junta por la situación de la sanidad pública andaluza, el consejero ha manifestado que el anterior gobierno socialista "echó a la calle a más de 8.000 profesionales" sanitarios entre los años 2010 y 2018, frente a los 25.000 profesionales que se han contratado en la actual legislatura.