El exasesor de Ábalos, Koldo García, queda en libertad

El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que investiga la presuntas mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia ha acordado la puesta en libertad de Koldo García, el que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos; de su hermano Joseba García; del presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama; y del empresario vasco Íñigo Rotaeche.

Fuentes jurídicas han confirmado que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 ha acordado dejarles en libertad después de que la Fiscalía Anticorrupción no haya solicitado prisión para ninguno de ellos. A pesar de esto, el magistrado ha acordado medidas cautelares tanto para el exasesor de Ábalos como para De Aldama, que deberán presentarse en el juzgado cada 15 días además de prohibirles salir del territorio nacional con la consecuente retirada del pasaporte. Esto último también afectará a Iñigo Rotaeche,en cambio, Joseba García es puesto en libertad sin medidas cautelares.

Finalmente solo cuatro 

Los agentes pusieron a disposición del magistrado a cuatro de los 14 detenidos por las supuestas mordidas en contratos durante la pandemia de Covid-19 cuyo material fue destinado a los ministerios de Transportes e Interior, así como comunidades autónomas como Baleares y Canarias.

Cabe recordar que este miércoles agentes de la Guardia Civil tomaron declaración como testigo al secretario de Estado de Seguridad y ´número dos´ de Fernando Grande-Marlaska en el Ministerio del Interior, Rafael Pérez, en relación con la investigación. La toma de declaración también afectó a su mano derecha, José Antonio Rodríguez, el director del Gabinete de Coordinación y Estudios, por el contrato de 3,4 millones de euros adjudicado a la empresa clave en el presunto fraude en la compra de mascarillas.

Supera los 50 millones

Fuentes de la investigación señalan a Europa Press que la cuantía de los contratos de estas administraciones públicas supera los 50 millones de euros, según la estimación de los investigadores. En el caso del Ministerio del Interior fue Rafael Pérez quien firmó la adjudicación de material de protección para el personal de Interior a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa por un valor de 3.479.355 euros. Estos contratos habían sido requeridos previamente por los investigadores, según explica el citado medio, y se tramitó por el procedimiento negociado sin publicidad y con carácter de emergencia.

En este contexto, la Guardia Civil también reclamó al Ministerio de Transportes documentación en el marco de la investigación por las presuntas mordidas, según informaron a Europa Press fuentes de la investigación. En todo caso, las fuentes aseguran que la operación sigue abierta y que por tanto no es descartable que en las próximas horas tengan lugar más detenciones en el marco de esta causa que permanece secreta.