‘Declaración de Santiago +30’: el renovado manifiesto por la libertad de prensa

30 años después de que se promulgara en Santiago de Chile la conocida como 'Declaración de Santiago', durante el seminario 'El Desarrollo de los Medios de Comunicación y la Democracia en América Latina y el Caribe', que se celebra en la capital chilena hasta este 4 de mayo dentro de los actos de conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, se ha firmado la Declaración de Santiago + 30.

Rubricada por directivos de organizaciones periodísticas internacionales y nacionales y representantes de asociaciones nacionales de editoras periodísticas de diversas naciones de Iberoamérica, se realizan en ella una serie de peticiones a estados, organizaciones intergubernamentales, empresas tecnológicas y medios de información y periodistas para seguir colaborando e impulsando la libertad de prensa en todo el mundo, en especial en los países de América Latina y el Caribe, donde ayuden a impulsar sociedades más democráticas y más justas.

Los firmantes son: la Asociación Mundial de Editores de Noticias, WAN-IFRA; Sociedad Interamericana de Prensa (SIP); Associação Nacional de Jornais (ANJ-Brasil); Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa); Asociación Nacional de la Prensa (ANP-Chile); Asociación de Medios de Información (AMI-España); Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI); Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL); Alianza de Medios Mx (México); Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep).

Manifiesto

Ahora, como hace 30 años, los valores tradicionales del periodismo en la sociedad persisten, pero han surgido nuevas oportunidades y desafíos al emerger actores aún no globalizados en 1994, destacadamente la internet, que sentó las bases para una dramática transformación en el consumo de todo tipo de contenidos por parte de la población, lo que dio impulso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, las grandes empresas de tecnología, las redes sociales y los desarrolladores de inteligencia artificial.

En este contexto, es necesario un esfuerzo de colaboración que involucre a gobiernos, medios de comunicación, empresas de tecnología, organizaciones intergubernamentales y la sociedad civil para continuar promoviendo la libre expresión como un derecho humano fundamental y piedra angular de las sociedades democráticas e informadas.

Por ello, solicitamos:

A los Estados:

• Fomentar, mediante políticas públicas basadas en las mejores prácticas internacionales, la existencia de un panorama mediático libre, independiente y diverso que abarque tanto plataformas tradicionales como digitales, promulgando y haciendo cumplir leyes y marcos normativos que protejan y garanticen la libertad de expresión y de prensa a la luz de principios internacionales sobre derechos humanos.

• Facilitar a la ciudadanía acceso a información de calidad que le permita tomar decisiones de igual calidad en su vida cotidiana ante el uso de la desinformación, los discursos de odio, la discriminación, el racismo o la incitación a la violencia, entre otras distorsiones presentes ya en el ecosistema digital.

• Evitar el discurso y las narrativas de polarización política, que incluyen la estigmatización del trabajo periodístico en sus roles democráticos ligados a transmisión de noticias, vigilancia sobre funcionarios electos, tolerancia ante las opiniones disidentes y la construcción de consensos.

• Proteger a periodistas y medios de comunicación de amenazas, ataques y violencia, abordando la impunidad de los crímenes contra periodistas y creando grupos de trabajo y sistemas de protección eficientes para prevenir, investigar y procesar los ataques y reparar sus consecuencias.

• Establecer mecanismos y políticas públicas para garantizar el libre flujo de la información y el irrestricto acceso a la información pública; llevar a los fueros civiles (no penales) las causas por difamación donde aún persista la persecución criminal de periodistas; desalentar los llamados litigios estratégicos contra la participación pública (SLAPPs, por sus siglas en inglés) que sólo buscan intimidar y silenciar voces críticas, de periodistas y otros actores civiles, y desactivar regulaciones que mantienen censura directa o indirecta en contra de medios y periodistas.

• Apoyar la sostenibilidad de los medios de comunicación y del periodismo independiente, como actores que favorecen la existencia de un régimen democrático y, en particular, de una esfera pública en la que la ciudadanía vigila los asuntos de interés público, debate ideas diversas y construye consensos.

• Establecer regulaciones que favorezcan la libre concurrencia ciudadana a las permanentes innovaciones propias de la era digital, con las herramientas necesarias para garantizar su participación en comunidad y velar por los derechos humanos.

• Alentar políticas públicas claras y transparentes en un mercado sometido a características asimétricas, para que existan condiciones de diálogo y negociaciones equilibradas entre medios de comunicación y empresas de tecnología que distribuyen contenidos periodísticos.

• Promover la alfabetización mediática, digital y las habilidades de pensamiento

crítico para que la ciudadanía pueda navegar eficazmente en el escenario digital y distinguir la información confiable de la desinformación.

A las organizaciones intergubernamentales:

• Continuar colaborando con organizaciones profesionales e institutos de investigación sobre la situación actual de los medios de comunicación, para hacer recomendaciones de políticas públicas a los gobiernos que incentiven la existencia de canales de información libres, independientes y plurales.

• Apoyar proyectos para la financiación y sostenibilidad económica del periodismo y los medios de comunicación y para la creación de nuevos medios de comunicación en áreas rurales y vulnerables, con el fin de evitar la expansión de los llamados “desiertos informativos”.

• Coordinar esfuerzos para crear programas de capacitación, de protección y seguridad para periodistas, así como refugio y apoyo para personas periodistas perseguidas y en el exilio.

• Incentivar a los gobiernos, plataformas digitales y medios de comunicación para que creen programas de alfabetización mediática y digital.

A las empresas de tecnología:

• Transparentar sus políticas y decisiones de moderación de contenido, con directrices claras y coherentes que minimicen el impacto negativo del contenido dañino y la distribución de desinformación, así como utilizar sus herramientas de inteligencia artificial para detectar y evitar el uso no autorizado de material protegido por derechos de autor.

• Fomentar la existencia y profundización de modelos colaborativos con los medios de comunicación, explorando nuevos modelos de negocio sostenibles para las partes, combate a la desinformación y alfabetización digital de los usuarios, garantizando una compensación justa por los contenidos noticiosos que distribuyen, y respetando las leyes de derechos de autor y propiedad intelectual.

• Observar principios de competencia en el ecosistema publicitario y prevenir prácticas comerciales que perjudiquen a los medios de comunicación y al periodismo independiente.

• Establecer prácticas de transparencia sobre protección de datos personales, privacidad y, en particular, sobre el uso de sus algoritmos que clasifican y recomiendan contenidos y publicidad, a fin de evitar sesgos relacionados con polarización social, raza, género y perspectivas políticas, y dar prioridad a los creadores de contenidos originales.

A los medios de comunicación y el periodismo:

• Mantener la independencia ante las presiones políticas y comerciales, así como resistir a la censura, la autocensura y la influencia indebida. Sostener su compromiso con la búsqueda de la verdad, la calidad, la transparencia, el interés público y reforzar sus políticas de inclusión de género, raza y la diversidad de comunidades en una sociedad democrática.

• Crear protocolos eficientes de seguridad para dotar a periodistas y su personal en general con herramientas para su protección física, digital y emocional, ante situaciones de violencia y en la cobertura de crisis y conflictos sociales.

• Practicar un periodismo de calidad, que incluye la investigación, la transparencia y la búsqueda de soluciones a los problemas sociales, así como defender los estándares éticos, revelar los conflictos de interés, corregir los errores con prontitud y utilizar mecanismos eficientes de verificación para combatir la desinformación.

• Identificar más herramientas de viabilidad financiera con modelos de negocio sostenibles e innovadores; explorar nuevas fuentes de ingresos; acelerar su transformación digital, y considerar que un periodismo robusto de cobertura local es esencial para la participación de la ciudadanía y la rendición de cuentas de quienes brindan servicio público.

Esta Declaración reafirma nuestro compromiso con una prensa libre, un discurso público vibrante y el florecimiento de sociedades democráticas en Iberoamérica y el Caribe.