Cientos de propietarios atrapados en el limbo de los LIC

Juan Verdejo Bellber, un agente almeriense de la propiedad inmobiliaria, congenió en un simposio nacional en Málaga con un colega madrileño de profesión, Juan Antonio Pérez Marín,  a quien invitó a conocer Almería y, de paso, a enseñarle unas fincas. Era 1964 y el amigo de Madrid compró 5.000 hectáreas de terrenos, parte de ellos a la familia Espinosa, desde los llanos de El  Alquián hasta donde ahora está ahora La Barraquilla, la playa del Perdigal.

Durante estos últimos 50 años, los descomunales terrenos de los Pérez Marín han ido mermando con las expropiaciones de las que fueron objeto para hacer el campo de tiro del Campamento de Viator y para las conexiones gasísticas de Medgaz.

En la actualidad, las posesiones de Pérez Marín, a través de la empresa Alquián S.A, tras sucesivas ventas, entre ellas la de los terrenos donde está el PITA y la UAL, se han reducido a 1.200 hectáreas, que han pasado a ser casi intocables desde hace 10 años por su calificación de LIC, y desde 2014, como Zonas de Especial Conservación.

La inversión del abuelo Juan Antonio, que aún vive con 94 años, no ha podido aún rentabilizarse más de medio siglo después y no ha recibido compensación alguna por esta hipoteca vitalicia de los terrenos en los que solo medra el acebuche, el romero y el esparto.

Pérez Marín es uno más de los cientos de propietarios afectados por la Red Natura 2000 en la provincia que, desde hace una década, se encuentran en un limbo legal, sin saber qué tipo de actividades pueden desarrollar en esos espacios protegidos y sin recibir ningún tipo de financiación para su mantenimiento.

No solo son grandes terratenientes como Pérez Marín o los Rosón o los Eguizábal, también  afecta a proyectos de futuro como el esbozado centro de la CASI en El Maltés o pequeños agricultores que heredaron esas tierras de sus antepasados y no saben si podrán sacarle rendimiento tarde o temprano.

El Plan de Gestión del ZEC de las Ramblas de Gérgal, Tabernas y Sur de Sierra Alhamilla, fue aprobado en 2014, sin una dotación presupuestaria y sin especificar qué tipo de actividades se pueden realizar por zonas, como sí se ha hecho en otras comunidades autónomas.

Además de esta zona, se dan también 21 LIC más, que han pasado a ser ZEC, en la provincia con una superficie total de cerca de 270.000 hectáreas, desde Punta Entinas hasta la Sierra de Los Pinos, en Pulpí, lo que representa que una de cada tres hectáreas de la provincia tiene cautelas con uso limitado a la actividad económica. “No existe parangón -según la Asociación de Afectados Aperna- en ninguna otra provincia española ni europea”.

Existen municipios como Abrucena con un 80% de su suelo protegido o Fondón, con el 85% u Ohanes, con el 100%. Sus propietarios, en muchos casos retornados a su pueblo de origen, se han encontrando con una normativa sobrevenida en terrenos de su propiedad, herencia de sus mayores, donde ya no pueden edificar ni realizar casi ningún tipo de actividad.

Aperna considera que “vivimos una situación de limbo legal, de bloqueo de uso y de expropiación encubierta, sin ningún recurso a cambio”. En los planes de gestión figura que la responsabilidad ambiental es del propietario, aunque sin que se hayan ejecutado medidas de financiación para el mantenimiento de los terrenos.