Los expropiados de la Cartagena-Vera siguen sin cobrar doce años después

Francisco Cano Giménez, un emprendedor agrícola con invernaderos en Roquetas,  empezó a interesarse hace veinte años por las tierras del Levante almeriense, para proyectos  industriales y comerciales, al ver que sus hijas no tenían vocación por el campo. Vendió las estructuras agrícolas del Poniente e invirtió en comprar 100 hectáreas en dos fincas en Las Cañadas de Vera y junto al Cementerio.

Quería poner las bases para desarrollar un polígono industrial y poder pagar los estudios de sus hijas. Pero se le cruzó una autopistas de por medio, la misma que va a rescatar el Estado tras un fiasco de casi 600 millones.

Aucosta, la concesionaria de la autopista, le expropió forzosamente tres hectáreas y le ofrecía 2,5 euros el metro, al considerarlo como rústico. Francisco demostró que el Ayuntamiento de Vera ya le había aprobado una modificación para suelo industrial, antes de la expropiación, y el Jurado de Expropiación se lo valoró en 32 euros el metro.

Pero Aucosta lo consideró abusivo y lo llevó al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Hasta ahora, que acaba de llegar la sentencia 12 años después, con pronunciamiento favorable al particular al que le han valorado la finca a 40 euros el metro.

El propietario expropiado, sin embargó, aún no ha podido cobrar el 1,1 millón de euros que le corresponde más los 500.000 euros de intereses de demora y ha pedido la ejecución de la sentencia.

Exterioriza Francisco su satisfacción por la resolución, pero matiza que llega tarde, muy tarde, su vida ha cambiado en estos 12 últimos años, ya tiene 68 años, y concluye diciendo que nadie tiene derecho a jugar con el tiempo y  con el futuro de una familia.

En situaciones similares, cada uno con sus particularidades, con su pequeña historia, se encuentran más de un centenar de vecinos de Vera, Cuevas, Antas y Pulpí, que acumulan  más de una década de pleitos, tras perder, a las bravas, cortijos, fincas de naranjos y limoneros, olivos centenarios e invernaderos de malla.

Todo para hacer una autopista ruinosa, que costó 650 millones de euros, de los cuales, más de 500 tendrá que pagar ahora el Estado. El resto de expropiados, un millar en Murcia y 500 en Almería, llegaron a acuerdos con la sociedad promotora Aucosta.

Existen reclamaciones, según varios bufetes de abogados como el de José Luis Llavart y el de Pedro López Balastegui, de 100.000 hasta 6 millones de euros, en los 40 kilómetros de trazado almeriense.

La cuantía global, según los juristas, podría ascender a unos 200 millones de euros, sumando los intereses de demora y el lucro cesante, que tendrán que pagar todos los contribuyentes. La obra fue adjudicada en 2004, en tiempos boyantes para la inversión pública, a la concesionaria Aucosta (FCC, Ploder, Grupo Fuertes, Cajamar, Unicaja y CAM).

Entró en servicio en 2007 y nunca la sociedad promotora ha visto satisfechas sus expectativas de usuarios ni ha alcanzado el umbral de rentabilidad esperado.

Concurso de acreedores
Aucosta financió las obras con un crédito de Banesto (ahora Santander) de 632 millones de euros, esperando una rentabilidad del 8%. La vía de peaje, la única de la provincia, se declaró en concurso de acreedores en 2013.

Durante estos tres últimos años, el Gobierno ha amagado con su rescate, junto a otras vías deficitarias como las radiales de Madrid. Hasta hace unos días, cuando el  ministro de Fomento, Iñigo De la Serna, garantizó que el principal objetivo es que la infraestructura “siga operativa y los ciudadanos puedan seguir utilizándola”. No obstante, afirmó que está ya en contacto con los bancos acreedores de las ocho vías deficitarias con el fin de buscar un acuerdo que facilite su rescate.
Mientras, un centenar de familias almerienses siguen esperando cobrar el dinero por sus bienes expropiados.