La conclusión es que no hay conclusión: la alegría inicial de miles de almerienses tras conocer el pasado 21 de diciembre la sentencia del Tribunal de la UE que obliga a los bancos a devolver las cantidades cobradas de más por las cláusulas suelo, se ha tornado en incertidumbre.
A día de hoy, ni el Gobierno ni las propias entidades financieras tienen un hoja de ruta para ejecutar esos pagos a los que les obliga el alto tribunal europeo con carácter retroactivo.
El magistrado de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Almería, Enrique Sanjuán, que fue el primer en plantear la retroactividad ante la justicia europea, expresa que en Almería puede haber entre 20.000 y 30.000 familias perjudicadas por los intereses de las cláusulas suelo que aún no han presentado reclamación.
A su vez, juristas especializados en pleitos financieros, estiman que la retroactividad avalada por el tribunal Europeo puede elevar la cifra a devolver a los consumidores almerienses hasta los 72 millones de euros.
Los años de la burbuja La mayoría de estos contratos hipotecarios se suscribieron ante notario durante los años de la burbuja inmobiliaria de los que han transcurrido, en algunos casos, más de una década.
El Gobierno, que preveía presentar hoy en el Congreso el decreto ley para articular un sistema de cobro extrajudicial de dinero cobrado ilegalmente, decidió en la tarde de ayer aplazarlo una semana más para buscar un mayor consenso con el PSOE y consultar al Banco Central Europeo.
El Banco de España estima en algo más de 4.000 millones el impacto para los bancos.
En la reunión del pasado 23 de diciembre, el Gobierno ya decidió de posponer la aprobación de un código de buenas prácticas para facilitar la devolución de lo cobrado de más.
El sistema extrajudicial persigue facilitar un acuerdo con las entidades y establece un plazo máximo de tres meses para su devolución. Este procedimiento será obligatorio para la entidad, per voluntario para los consumidores. El ejecutivo quiere evitar, aunque no le incumba directamente, una avalancha de demandas en los tribunales ante los costes extras que pueden llevar tanto para los hipotecados como paras las entidades, aunque supondría todo un maná para los despachos de abogados.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, admitía ayer que los bancos no cuentan con medios materiales ni plantilla suficiente para tramitar la devolución de las cantidades por cláusulas suelo en un plazo de tres meses.
Despachos de abogados han solicitado, por ello, que las entidades amplíen plantilla y contribuyan a generar empleo y han pedido al Ministerio de Economía que facilite una calculadora online para agilizar los trámites. El decreto, del que ya se conocen algunos capítulos, contempla que los clientes puedan recuperar en metálico los intereses cobrados de más por las cláusulas o decantarse por amortizar el capital pendiente del préstamo.
Fuentes financieras han indicado que los bancos preferirían devolver las cantidades reduciendo la cuota hipotecaria, pero no se baraja que se puedan canjear por productos como fondos de inversión o planes de pensiones. Unas 40 entidades financieras incluían cláusula suelo, que retiraron tras la primera sentencia que las declaró ilegales en 2013.
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