La distribución ‘castiga’ los precios altos suspendiendo compras en Almería

La patronal agraria ASAJA ha tratado de explicar el origen del problema que se ha generado por el brusco descenso en los precios de las principales hortalizas de la provincia, a pesar de que Almería prácticamente se ha quedado sola para abastecer los mercados europeos.

Lo hacía ayer y apuntaba como principal argumento la postura de las cinco o seis grandes plataformas de compras que operan en el continente. El presidente de la organización, Francisco Vargas, afirma que esas plataformas tienen, hoy por hoy, la sartén por el mango y contravenirlas es exponerse a la amenaza de un castigo en forma de no comprar durante varias semanas.

Formación de precios
Vargas  planteaba la situación ideal para las plataformas y la distribución, que sería pagar al agricultor una media de 40 a 50 céntimos por el kilo de tomate, que en los almacenes se transforman en 80 u 85 por el coste del manipulado -unos 30 céntimos- más el margen comercial. Las plataformas de compras lo colocan en las grandes cadenas de distribución entre 1,20 y 1,40 euros por kilo y finalmente el consumidor lo adquiere a un precio de 2,60 a 2,80 euros.

En ese escenario los que salen más beneficiados son las plataformas de compras y la gran distribución, junto con los supermercados, que ganan por encima del cien por cien del valor que pagan.

Sin embargo con precios en origen superiores a los dos euros, todo cambia, los márgenes de comercializadoras, plataformas y distribuidoras bajan, y lo compensan con precios prohibitivos para los consumidores que, automáticamente, disminuyen los niveles de consumo y se reduce la demanda, aunque plataformas y distribuidores siguen ganando.

El ‘castigo’
La caída de los precios supone, para Asaja, la victoria de los grandes grupos “que han conseguido de nuevo doblegar a nuestras empresas comercializadoras”. ¿Cómo lo han hecho?: utilizando la amenaza como táctica; “ellos estudian el mercado en origen en variedades, volúmenes y precios y piden precios a las comercializadoras. Si no se ajustan a lo que quieren, simplemente renuncian a la compra, pero el problema es que entonces penalizan a las empresas almerienses simplemente dejando de comprar durante uno, dos o tres semanas. Es la fórmula para obtener precios mucho más reducidos”.

Los gobiernos
Y para dar sustento a esa política comercial, los grandes grupos “cuentan con unos aliados excelentes como son los gobiernos -explica Vargas- desde los que parten los mensajes de alarma y, al menos en nuestro caso, han conseguido el objetivo de reducir los precios”.

Asegura que el Ministerio de Agricultura “no puede seguir siendo complaciente con esta situación y por eso le hemos pedido que haga cumplir la Ley de la Cadena Alimentaria, que debería garantizar transparencia y justicia con todos los eslabones de la cadena, incluyendo a los agricultores, naturalmente”.

La guerra está servida y los productores tienen pocas bazas ahora en sus manos.