Más de 10.000 familias almerienses podrían reclamar a sus ayuntamientos el impuesto de plusvalías que pagaron sin que sus viviendas se hubieran revalorizado, según la sociedad tasadora Tinsa.
El cobro indebido de este impuesto (Impuesto sobre el Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana), una de las principales fuentes de ingresos de los ayuntamientos, podría colapsar de reclamaciones las Administraciones locales y convertirse en un dolor de cabeza para las haciendas consistoriales como han sido las cláusulas suelo para la banca.
Una reciente sentencia del Tribunal Constitucional ha declarado contrarios a la Carta Magna varios artículos de la norma foral de Guipúzcoa referente a este impuesto respaldando la tesis de los propietarios de que no puede exigirse al vendedor de un inmueble el pago de un impuesto que grava un incremento del valor que en realidad no se ha producido.
Desde 2013
Tinsa ha elaborado un estudio en el que calcula que 10.400 viviendas en Almería -550.000 en España- cambiaron de propietario a partir de 2013 (se pueden recurrir solo las transacciones realizadas en los últimos cuatro años) han tributado de más en este impuesto. Las tasadoras llegan a esta conclusión comparando la evolución de los precios inmobiliarios con el periodo medio de tenencia de las casas vendidas desde entonces. Los gestores de Tinsa han exteriorizado esta semana que “es cuestión de tiempo que se resuelvan en este sentido todas las reclamaciones contra el cobro abusivo de este impuesto”.
Tinsa ha cruzado para llegar a esta cifra en Almería los datos de sus índices de precios de vivienda y las cifras del Ministerio de Fomento y del Colegio de Registradores. Para calcular el importe a liquidar se tiene en cuenta solo el valor catastral del suelo del inmueble en el momento de la venta y los años en los que haya estado en manos del propietario: una metodología que acaba mostrando que siempre existen plusvalías, aunque el valor real de mercado del suelo no se haya incrementado.
Los despachos de abogados especializados ya están empezando a trabajar con sus clientes almerienses, tras la sentencia vasca de hace solo una semana y la reclamación media es de unos 5.000 euros.
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