El sindicato UGT se ha mostrado muy crítico con los efectos de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2017 sobre el empleo juvenil. Según la organización sindical, el proyecto presupuestario del Gobierno "consolida la precariedad del empleo juvenil y obstaculiza la emancipación de este colectivo". "Con una partida de empleo que recorta el gasto un 4,8% respecto al año anterior y una disminución del programa de vivienda un 20,6%, el Gobierno está arrinconando a los jóvenes a la pobreza o al exilio", sentencia.
Para UGT, "es imprescindible proteger a nuestros jóvenes, ampliando el Plan de Garantía Juvenil para lograr la inserción masiva de este colectivo y asegurándoles empleos y salarios dignos". Además, el sindicato considera fundamental que, junto a ello, el Ejecutivo apueste por una vivienda digna para los jóvenes y actúe contra la continua subida de los precios, tanto de la venta como del alquiler, que está imposibilitando la emancipación de los jóvenes y la configuración de un proyecto de vida digno.
Por otra parte, UGT reclama un plan de choque por el empleo que incluya la inserción de los jóvenes con plenas garantías de ocupación y salarios, que incluya una oferta de formación y asesoramiento laboral de calidad y no precario, como hasta ahora, y que les asegure un futuro digno.
Protección de los jóvenes
"Además, hay que reforzar la protección del colectivo joven, aumentando las prestaciones por desempleo. El gasto en esta partida no debe limitarse a garantizar la cobertura con la normativa vigente, ya que desde 2012 se vienen promoviendo cambios legislativos que han endurecido las condiciones de acceso a estas prestaciones, ampliando el número de personas sin cobertura", subraya el sindicato en un comunicado.
A juicio de UGT, si la economía está creciendo, "los jóvenes también se deben beneficiar de ello con más y mejores empleos, salarios y cobertura social". Por ello, considera fundamental reforzar el Plan de Garantía Juvenil para ampliar la protección de este colectivo y aumentar su inserción, con medidas como la colocación inmediata en un puesto vacante por parte de los servicios públicos de empleo o apostar por un modelo de contratación indefinida como figura principal, estableciendo mecanismos de control que persigan la contratación temporal fraudulenta.
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