La Junta detecta irregularidades en 225 viviendas publicas almerienses

La Consejería de Fomento y Vivienda ha puesto en marcha un plan estratégico para reforzar el control del parque público de viviendas, conformado en Almería por un total de 4.671 inmuebles, de las que 2.988 son en régimen de alquiler y las restantes en compraventa y acceso diferido a la propiedad.

Este plan ha permitido realizar durante el último año verificaciones en más de 3.000 viviendas, lo que supone la revisión del total del parque residencial en alquiler. Esta verificación, que lleva a cabo la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía ha permitido detectar 225 situaciones irregulares en el parque residencial autonómico almeriense, un 7% de total de actuaciones de control realizadas en la provincia.

El delegado de Fomento y Vivienda, Joaquín Jiménez, ha señalado que “los resultados del balance de este plan estratégico ponen de relieve una mejora de la gestión y un notable incremento del control sobre estas viviendas que cumplen una función social de primer orden, lo que está permitiendo regularizar la situación y ocupación de estos inmuebles y garantizar el cumplimiento de la normativa y la aplicación de los procesos establecidos para asegurar el acceso a la vivienda a las familias más necesitadas y que cumplen los requisitos”. 

Cumplir la ley
Jiménez ha explicado que “el refuerzo del control y verificación del parque de vivienda busca verificar que quiénes residen en esos inmuebles son realmente sus adjudicatarios, además de conocer cuál es la situación de las viviendas y de las familias, cómo conservan sus hogares o qué necesidades socioeconómicas tienen, entre otras cuestiones”.

“Una de las principales finalidades de estos controles es precisamente regularizar la ocupación del parque residencial, ya que esas visitas permiten identificar viviendas que no están ocupadas por sus legítimos adjudicatarios”, ha puntualizado.

Liberar viviendas
De este modo, se está logrando incrementar el número de adjudicaciones a familias necesitadas, que cumplen los requisitos y que son propuestas por los registros municipales de demandantes de viviendas, previa valoración por los servicios sociales de los ayuntamientos.

El delegado ha precisado que “en el último año se han formalizado 102 nuevas adjudicaciones de viviendas en la provincia como consecuencia de expedientes abiertos por la detección de situaciones irregulares, como un uso inadecuado de la vivienda o por no usarse como residencia habitual y permanente”.

Familias vulnerables
La estrategia para una mejor gestión del parque residencial de la Junta contempla también un programa de medidas de apoyo social para dar respuesta a la precaria situación que atraviesan muchas familias, que tienen serias dificultades para afrontar los pagos por el alquiler. Esas medidas tratan de facilitar la permanencia de dichas personas en sus hogares, aunque por circunstancias adversas sobrevenidas por la crisis y el desempleo no pueden hacer frente al abono de las rentas.

En este sentido, la Junta les ofrece su apoyo a través de la minoración o el aplazamiento del pago de dichas rentas, lo que ha beneficiado a una docena de familias en la provincia que ha visto reducida temporalmente a la mitad las cuotas que tenían que sufragar por el alquiler, lo que supone más de 3.000 euros en el último año.