Una sentencia del Tribunal Constitucional ha declarado nulo algunos apartados del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana ( plusvalía) y de esta manera abre una vía de reclamación para los afectados de muchos millones de euros en la provincia.
Según la estimación de la tasadora Tinsa con datos del Ministerio de Hacienda, en Almería hay 10.400 afectados desde 2013 (solo se pueden recurrir las transacciones de los últimos cuatro años por este gravamen) que tienen ahora la puerta abierta para reclamar por vía administrativa o ir a los juzgados. Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es aplicar a todo el Estado lo que ya había decretado para Guipúzcoa y Alava: que solo se pagara el impuesto de plusvalías en los que, efectivamente, se haya producido un incremento del precio de la vivienda que se vende.
Esta figura impositiva es de gran importancia para las arcas de los ayuntamiento y solo el último año, a nivel nacional, la recaudación superó los 2.600 millones de euros.
Sin embargo, aunque la sentencia afecta a los años en los que más cayeron los precios como consecuencia del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, parece difícil que todas las ventas se cerrasen con pérdidas. El abogado almeriense, Guillermo Gómez Morales, que ganó la primera sentencia de la provincia al Ayuntamiento de Níjar por las plusvalías cobradas a un propietario, explica que “a partir de ahora, lo que viene a decir la sentencia del Constitucional es que el legislador, es decir, el Gobierno, tiene que reformar tres artículos de la Ley de Reformas Locales y las reclamaciones tendrán que hacerse antes de que entre en vigor esa modificación”.
Gómez Morales estima que “no es tan fácil recuperar el dinero, puesto que hay que demostrar fehacientemente que se ha perdido dinero en la transacción y para eso no vale solo con las escrituras”.
También habrá que calcular la cifra tope a recuperar para que sea rentable acudir a un juzgado, “estimo que debe ser una cantidad no inferior a 2.500 euros para que compense auxiliarse de un abogado y a un procurador.
Esta sentencia del Constitucional es de obligado seguimiento en los tribunales lo que puede hacer que la plusvalía se convierta en la cláusula suelo de los ayuntamientos.
Lo primero que deben de hacer los contribuyentes tras cerrar la venta de un piso con pérdidas es presentar un escrito de solicitud de rectificación.
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