La batalla judicial de los camioneros, iniciada hace un año contra el cártel de los fabricantes por sobreprecios, ya vela armas. Están a punto de expirar los plazos de los informe periciales y de recogida de la documentación y la plataforma para la Reclamación de los daños causados por Fabricantes de Camiones (Aredafac) calcula que presentará en torno a 1.200 denuncias de empresarios del sector que sumarían unas 4.000 cabezas tractoras en la provincia.
La cantidad media reclamada, según el portavoz de Aredafac, Juan de la Cruz es de unos 12.500 euros, por lo que la cifra global podría ascender hasta los 50 millones de euros por profesionales del transporte de la provincia de Almería.
Las demandas, apoyadas en la sanción de la Comisión Europea contra los fabricantes por conducta anticompetitiva y pacto de precios, se presentarán en el Juzgado de lo Mercantil de Almería, “de forma escalonada hasta finales de año, para no colapsar la actividad del órgano judicial. Hay un plazo de dos años, desde la presentación de la demanda, hasta la resolución judicial.
Estas demandas son la consecuencia directa de una primera multa de 2.930 millones de euros que la Comisión Europea impuso a finales de julio a los fabricantes de camiones citados por crear un cártel en el que concertaron aumentos de precios de sus productos en toda Europa. A la alemana Scania, la única firma que rehusó cooperar con la Comisión Europea, se le impuso después una multa de 880 millones de euros. Esta empresa, según la resolución de la Comisión Europea, fue la organizadora de los encuentros con el resto de fabricantes. La firma MAN quedó exenta por haber denunciado estas prácticas ilegales que este sector llevó a cabo durante 14 años. En todos los países de la Unión Europea se han abierto litigios contra los fabricantes de vehículos de gran tonelaje, al igual que está sucediendo en España.
La primera sentencia estimatoria sobre el cártel de los camiones se produjo recientemente en el Tribunal especializado en derecho de la competencia de Hannover (Alemania), en la que se dio la razón a la empresa de transportes demandante.
El cártel de precios actuó, según la resolución de la Comisión Europea, entre los años 1997 y 2011, en vehículos superiores a seis toneladas, siendo independiente que el vehículo, en la actualidad, se encuentre en activo o dado de baja.
Todos los fabricantes de camiones bajo sospecha (Volvo, Renault, Daimler-Mercedes, Iveco y Daf), llegaron a un acuerdo con la justicia europea, por el que aceptaron la conducta anticompetitiva y, a cambio, recibieron una reducción de la sanción. Se trata de la mayor multa jamás impuesta por cártel por la Comisión Europea que afecta a nueve de cada diez camiones vendidos en Europa.
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