A pesar de toda la rumorología que rodea al futuro del Gran Hotel Almería -el más emblemático de la ciudad cerrado desde la víspera de la Nochebuena de 2014- casi cuatro años después ninguna oferta ha logrado convencer al Santander para que ejecute el embargo que pesa sobre este establecimiento.
El banco que preside Ana Patricia Botín, que heredó el activo con sus cargas al absorber al Banco Popular, ha constituido una sociedad conjunta con el fondo Blakstone -el mismo que ha comprado la empresa de tragaperras Cirsa del almeriense Manuel Lao- para gestionar la cartera de impagados del Popular. Sin embargo, hasta ahora, debido a esa falta de ofertas, el inmueble que brota como un hito gigante en la calle Reina Regente, al final de la Rambla, aún no se ha incluido en el Balance de la entidad financiera. A todas luces, y a pesar de las cargas que pesan sobre el edificio, las llaves del Gran Hotel siguen estando en poder de su último propietario, el empresario de origen catalán Miguel Rifá.
Cargas elevadas
Fuentes financieras aseguran que el problema que tiene el Santander con el Gran Hotel Almería es que tiene unas cargas tan elevadas y un enredo de contratos sin pagar que prefiere esperar a una oferta de cierta enjundia.
En el momento de la ejecución del embargo, debería depositar una elevada cantidad por esas cargas en el Banco de España que podrían ser tan elevadas que no le trae a cuenta adelantar los acontecimientos, aunque ya son casi cuatro años de espera.
Hasta ahora ha habido varios acercamientos para pedir precio por el Gran Hotel, entre ellos Meliá, un grupo con parte del capital árabe y un empresario local, pero sin llegar a acuerdos entre las partes. Rifá, por su parte, podría también estar negociando su venta, pero sin nadie que quiera pagar, por ahora, los 8 millones que se piden.
Su situación también se agrava por la inversión que requeriría su reapertura, tras tanto tiempo cerrado y la obsolescencia de algunos de sus componentes como las tuberías de plomo.
Fuentes del sector hotelero consideran que su precio objetivo no superaría los dos millones de euros, teniendo en cuenta las cargas que soporta, entre ellas el pago de despidos improcedentes.
El último ha sido la sentencia que ha declarado nulo el despido de Antonio Fernández, uno de sus últimos directores, que obliga a la empresa a pagar a razón de 172 euros al días desde el 19 de marzo de 2014.
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